Humberto Castilla Toledo
A ver… Opinemos. Tal y como se encuentran las cosas en Nicaragua, lo verdaderamente relevante no es si Roberto Bendaña McEwan es culpable de algún delito. Eso no lo puedo saber, aunque él ofrezca presentar las pruebas de descargo correspondientes como para justificar su participación en el conocido caso de estafa a las monjas del Colegio Teresiano.
El asunto está en que es algo inobjetable que nuestro país es gobernado de hecho por dos personas, quienes al final deciden lo que resuelven todos y cada uno de los jueces del sistema judicial, aún contra ley expresa, si su capricho —o intereses— así lo demandaren. Prueba de lo anterior, está en ver cómo la propia Corte Suprema de Justicia declaró que no había lugar a los recursos por inconstitucionalidad introducidos contra la ley del canal interoceánico del extranjero chino Wang Jing, argumentándose, increíblemente, que no se violaba ningún artículo de nuestra Constitución Política (!!!).
En consecuencia, es probable que Bendaña concluyó que no existían las mínimas condiciones del debido proceso que le garantizaran tener un juicio justo, y por ello se hizo imperativo para él preservar su integridad física de la persecución política oficialista, resguardándose de la aplicación antojadiza y por tanto, repudiable de la ley. Basta considerar como prueba de tal injusticia que el juicio de la estafa a las monjitas fue precisamente la punta de lanza de la que se valió la dictadura “ortegamurillista” para coaccionar a que Eduardo Montealegre y su bancada de diputados convalidaran con su presencia las “deformas constitucionales” absolutistas aprobadas en primer debate en la legislatura recién finalizada.
Es decir, de que dicha causa fue impulsada en su inicio por los intereses meramente políticos del poder, no cabe duda —ya veremos cómo todo se arregla al final para don Álvaro Montealegre, quien dudosamente pase un sólo día en la cárcel a pesar de las múltiples estafas denunciadas en su contra—. Si no fuera así, la misma Fiscalía, que vemos actuando tan eficientemente en el presente caso desde hace algún tiempo también hubiera iniciado investigaciones contra el ex director de la DGI Walter Porras, o incluso contra el señor Francisco López (tesorero de los negocios de El Carmen), si lo que le preocupara en verdad es resguardar celosamente el dinero de la ciudadanía.
Lo interesante en el presente caso es que la juventud nicaragüense tiene un excelente espejo en el cual puede ver reflejada con bastante crudeza la inseguridad jurídica que ahora prevalece en nuestro país. Muchos jóvenes se sentirán completamente ajenos a los tristemente célebres y arbitrarios Tribunales Populares Antisomocistas (constituidos por la Ley de Tribunales Populares Antisomocistas, Decreto No. 1233 del 11/04/83); pero seguramente, será bastante impresionante para ellos ser testigos de las muy actuales consecuencias de cuando la autoridad abusa de sus prerrogativas y ventajas para perseguir a un particular, sea que éste haya cometido o no un error. El problema, insisto, no está en la culpabilidad o no del individuo, sino en los innegables excesos del poder, lo que lo convierten en ilegítimo y en consecuencia, peligroso.
En conclusión, acaso la desesperación de Bendaña esté totalmente justificada a la luz del antiguo aforismo latino “MIHI LEX ESSE NON VIDETUR, QUAE IUSTA NON FUERIT” (paréceme que, lo que es injusto, no es ley). En otras palabras, no es que favorezca de ninguna manera que prevalezca la impunidad si se determinare indubitablemente que algún ciudadano cometió un delito, sino que, en la Nicaragua actual, no existen las garantías procesales mínimas que aseguren la imparcialidad en los casos administrativos o judiciales en que el matrimonio Ortega-Murillo tiene tan evidentes intereses políticos y/ o económicos.
El autor es activista virtual.
