Vladimir Vásquez
[/doap_box][doap_box title=»Sobre la legalización» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
Durante ese periodo, se legalizaron unas 16,647 familias; 13,000 de ellas en la última semana que quedaba para realizar el trámite, informó la distribuidora de energía.
Además, la empresa anunció que el periodo de normalización empezará en el año 2014 y le darán prioridad a todas aquellas personas que estén más cerca de las redes de distribución eléctrica, mientras que el resto deberá esperar al plan de inversión de redes ese mismo año.
[/doap_box]
Los clamores de los ciudadanos que se encuentran consumiendo energía ilegalmente, que piden más tiempo para legalizarse, podrían tener una respuesta en el año 2014.
El ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, dijo que el asunto de los ilegales lo podrían estar viendo “la próxima semana, pero más seguro después del 6 (de enero), con todas las instituciones que tenemos que ver con este tema, principalmente el Instituto Nicaragüense de Energía, como ente regulador, pero también en esto tiene que ver la Asamblea Nacional”.
Diferentes organizaciones de defensa de los consumidores habían pedido a la distribuidora de energía TSK-Melfosur Internacional que otorgara un plazo de 90 días adicionales a los 180 establecidos en las reformas de la Ley 839, sin recibir una respuesta positiva.
El plazo de legalización culminó el pasado 16 de diciembre y solo en la última semana se recibieron unas 13,000 solicitudes de la población, según cifras de la distribuidora.
El director general de Mercado Eléctrico del Ministerio de Energía y Minas, José Castañeda, dijo que “es importante ver la voluntad de la empresa distribuidora que ha estado trabajando fuerte para lograr la legalización de todos las personas que han estado conectadas, sin hacer uso responsable de la energía, pero también las instituciones del sector”.
“Hay petición de la población de que se extienda el periodo y creemos que si hay petición de la población, las instituciones del Estado estamos obligadas a ver esas peticiones”, concluyó Castañeda.
Rappaccioli, expresó que habrá que esperar los resultados finales que tenga la empresa distribuidora de energía, sobre las solicitudes de legalización que recibieron durante los 180 días que establecía la Ley, “tal vez ya no son 16,000 y ahora subió a una cifra arriba de 20,000”.
Los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional se mostraron en contra de ampliar el plazo de legalización, pues aseguraron que todo dependía de que se presentara una propuesta de reforma a la Ley, y antes de iniciar el periodo de vacaciones, ningún sector había hecho una solicitud formal de este tipo.
Además, el presidente del Instituto Nicaragüense de Energía, David Castillo, expresó que resultaba en un gasto para el Estado seguirle otorgando a la empresa distribuidora unos 35 millones de dólares para compensar las pérdidas que registran cada año.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A