Tegucigalpa/ACAN-EFE
El Parlamento de Honduras, de mayoría oficialista, aprobó la madrugada de hoy un paquete de medidas fiscales orientadas a garantizar la estabilidad económica, mejorar la recaudación de impuestos y reducir el gasto público, a solicitud del Ejecutivo.
La iniciativa, denominada Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, fue aprobada en una sesión de más de doce horas.
La Ley, aprobada por la vía de la mayoría calificada (dos terceras partes del pleno), aumenta del 12 al 15 por ciento el Impuesto sobre Ventas (ISV), que podría generar unos 4,500 millones de lempiras (unos 217 millones de dólares), dijo el ministro de Finanzas Wilfredo Cerrato, quien realizó una exposición sobre el proyecto.
Durante la discusión del proyecto de ley aprobado hoy, los diputados del gobernante Partido Nacional, que suman 71 de los 128 que integran el legislativo, reiteraron que las medidas fiscales obedecen a la crisis económica en la que esta sumido el Gobierno que preside Porfirio Lobo.
El ministro de Finanzas respaldó la aprobación del paquete económico pues, argumentó, la ley establece «medidas para la contención del gasto en la administración pública» que significará unos 16,000 millones de lempiras (771,8 millones de dólares).
La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas incluye nuevos gravámenes o eleva algunos ya vigentes para productos y servicios, además de suprimir o limitar exoneraciones. El arrendamiento de edificios, la telefonía móvil, el servicio de televisión por suscripción, internet, entre otros productos y servicios, serán afectados, según las escalas, con la nueva ley aprobada por el Parlamento.
También se establece que las empresas que ganan más de un millón de lempiras (48,239 dólares) al año tendrán que aportar, además de sus impuestos normales, un 5 por ciento adicional de sus ganancias, denominado aporte solidario a partir de 2014.
De acuerdo a la nueva norma, la Secretaría de Finanzas podrá realizar los «recortes necesarios» al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para obtener un ahorro de al menos 100 millones lempiras (4,8 millones de dólares), en las transferencias al sector privado.
También establece que los funcionarios públicos que se excedan en el presupuesto asignado serán automáticamente cesados en su cargo y quedarán inhabilitados por diez años. La ley aprobada hoy entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial «La Gaceta».
