Leonor Álvarez
Los líderes del empresariado afirmaron que el sector privado hizo lo que estaba a su alcance para “atenuar el impacto negativo de las reformas” a la Constitución de Nicaragua.
Considera que son necesarios esos cambios porque “el CSE no tiene credibilidad, no solo para el Cosep, sino para otros organismos internacionales que han estado acompañando los procesos (electorales)”.
Por otra parte, Aguerri sí cree que “hay oposición política, pero el sector económico ha sido más efectivo porque son unidos”, dijo.
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Aún así, la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Lucy Valenti, y el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, reiteraron que no están de acuerdo con las reformas constitucionales aprobadas la semana pasada, porque consideran que no eran necesarias, pero argumentan que no podían hacer nada para evitarlas, porque el Gobierno tiene mayoría en el parlamento.
“Hicimos lo que pudimos hacer, lo que estaba a nuestro alcance, más que eso era muy difícil, las reformas se iban a aprobar porque el Gobierno tenía la mayoría parlamentaria, aún así, tratamos de incidir de alguna manera”, dijo Valenti ayer, durante un convivio con los periodistas por el fin de año.
“ATENUARON EL IMPACTO”
Por su parte Aguerri explicó que “en el mundo real trabajaron en atenuar el impacto negativo que tendría una reforma si se hubiese aprobado con los diferentes planteamientos que llevaba la propuesta inicial”.
Asimismo, Aguerri dijo que quienes han dicho que los cambios a las reformas han sido cosméticos o de cambiar solo palabras, han sido “parte de los sectores que tienen posiciones particulares”, pero que los abogados del Cosep “están claros de los cambios que se hicieron en el dictamen y que recogen los planteamientos que habían en la Asamblea Nacional”.
Las reformas parciales a la Carta Magna fueron aprobadas la semana pasada con 63 votos a favor de los diputados del partido gobernante más el voto del diputado del PLC, Wilfredo Navarro y 26 en contra de la bancada opositora de la Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli).
Esta enmienda elimina la prohibición de la reelección presidencial, lo que permitiría al presidente inconstitucional Daniel Ortega aspirar a su cuarto mandato en los comicios de 2016.
Otros de los cambios es que el presidente de la República pueda ser electo con la mayoría relativa de votos, es decir, con la mitad más uno de los sufragios; y nombre a militares en servicio activo para ocupar cargos en el Ejecutivo.
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