El dictamen sobre la contrarreforma constitucional orteguista, aprobado por la comisión parlamentaria dictaminadora el jueves 28 de noviembre pasado —en el cual no se hizo ninguna modificación a la propuesta original que los diputados del FSLN presentaron por cuenta de Daniel Ortega—, no fue el mismo que se presentó finalmente ante la secretaría de la Asamblea Nacional el martes 3 de diciembre corriente.
El dictamen original fue maquillado, se le hicieron algunos cambios formales para aparentar que se tomaron en cuenta las propuestas y observaciones de ciertos sectores consultados por la comisión parlamentaria, como el Cosep y las iglesias evangélicas; y para neutralizar las críticas de otras instituciones como la Iglesia católica de Nicaragua. Sin embargo, el contenido fundamental de la contrarreforma constitucional, cual es establecer la reelección presidencial indefinida, perpetuar a Daniel Ortega en el poder y habilitarlo para gobernar mediante decretos “de aplicación general”, e incorporar a los militares a la administración pública para restaurar la estructura totalitaria de poder fundada en la trilogía Estado-Partido-Ejército, eso quedó intacto en el dictamen maquillado presentado a la Asamblea Nacional.
Pero el hecho de que no fueron los diputados del FSLN quienes hicieron las modificaciones de maquillaje al dictamen de la contrarreforma orteguista, no es una simple omisión o violación del procedimiento legislativo. Se trata de una deliberada manifestación del autoritarismo de Daniel Ortega, quien no solo pasa por encima de la ley y de los derechos de sus adversarios sino también de las atribuciones de sus mismos servidores legislativos. De esa manera Ortega demuestra que es el único poder en Nicaragua y que lo ejerce según su omnímoda voluntad.
El paquete original de la contrarreforma constitucional contenía, evidentemente, partes sustanciales irrenunciables e innegociables para Ortega, pero también aspectos decorativos, a los cuales el dictador podría renunciar de manera parcial o total, para aparentar que toma en cuenta las propuestas de algunos sectores y para neutralizar el rechazo de otros. Tal es el caso de la eliminación de la absurda pretensión de imponer la veneración nacional a una deidad pagana de los aborígenes andinos, la Pachamama o Madre Tierra, y el ocultamiento de los Gabinetes de Familia como organismos de control estatal de las familias nicaragüenses, impugnados por las iglesias evangélicas y rechazados incondicionalmente por la Iglesia católica. Además, con la supresión del enunciado de que el Estado orteguista controlará las bases de datos y registros informáticos, la comunicación virtual y la TV por internet, se trata de aparentar que fueron aceptadas las propuestas del Cosep. Pero mañosamente se deja establecido que el control totalitario de la comunicación informática —de tipo chino y cubano— será impuesto de todas formas mediante ley ordinaria.
Con el maquillaje del dictamen parlamentario el orteguismo ha pretendido dar atol con el dedo a los ciudadanos. Pero no engaña a nadie. Maquillada o no, se ve claramente que la contrarreforma constitucional está “orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo”, a imponer el ejercicio del poder “como patrimonio personal y no como delegación de la voluntad popular”, tal como lo denunciaron los obispos con sus palabras certeras y proféticas. Por lo tanto, la contrarreforma constitucional sigue siendo inaceptable, global y absolutamente.
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