Aunque el Tribunal Supremo Electoral de Honduras aún no da un ganador de las elecciones del domingo y el líder del partido Libertad y Refundación (Libre), el controversial expresidente expulsado del poder en 2009, Manuel Zelaya, esté gritando “fraude”, la victoria del candidato del Partido Nacional (en el poder), Juan Orlando Hernández, es prácticamente un hecho.
Según reportaron las agencias de noticias ayer, en el cuarto informe del TSE, Hernández suma el 34.19 por ciento (631,079 votos válidos), mientras que Castro 28.83 por ciento (532,198 votos) con el 58 por ciento de las actas escrutadas. En tercer puesto, con el 20.76 por ciento (383,283 votos) aparece el aspirante del opositor Partido Liberal, Mauricio Villeda, quien ayer dijo que aceptará los resultados oficiales.
Esa tendencia se ha mantenido desde el primer informe y el único argumento que tienen Zelaya y su esposa para declararse “ganadores” son sus propias encuestas a boca de urna.
Sin embargo, los resultados de las elecciones hondureñas más que un alivio deben representar una campanada de alerta. Que el partido Libre, de Zelaya, con casi el 29 por ciento de los votos esté rompiendo el bipartidismo histórico que han mantenido en ese país el Partido Nacional y el Partido Liberal —hoy relegado al tercer lugar— es un claro mensaje de la ciudadanía, que está insatisfecha con el trabajo que han realizado los gobiernos hondureños, sean Nacionales o Liberales.
Que surja una tercera opción no es el problema. Es parte del juego democrático. El problema es que esa tercera opción, el partido Libre de Zelaya, tiene sus raíces en el llamado socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, que aunque ha resultado ser un fracaso en la propia Venezuela, con sus cantos de sirena populistas, ofrece una alternativa tentadora para los millones de hondureños empobrecidos que no ven en los partidos tradicionales una respuesta.
El problema con los políticos que se inspiran en el socialismo del siglo XXI es que usan los mecanismos de la democracia para acceder al poder, y usan el populismo para atraer los votos, pero una vez en el poder empiezan a intimidar y a destruir el sistema democrático para garantizar su permanencia a perpetuidad, y para colmo no resuelven el problema de la pobreza. Eso ha ocurrido en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Sin duda ocurriría lo mismo en Honduras de tener los Zelaya una nueva oportunidad de sentarse en la silla presidencial.
De tal manera que si los hondureños quieren seguir construyendo su democracia no se pueden limitar a realizar elecciones cada cuatro años. La democracia es mucho más que eso, para conservar su legitimidad debe ser efectiva, con esto queremos decir que debe controlar la corrupción, debe asegurarse que las leyes son iguales para todos, que las libertades individuales sean respetadas, pero además debe resolver los problemas más urgentes de su población, y al menos mostrar algunos resultados rápido.
En el caso de Honduras esos problemas son la pobreza del 65 por ciento de sus habitantes y la increíble violencia que se expresa en 20 homicidios diario. No es solo con el fomento a las inversiones que hay que esperar que maduren para que produzcan empleos, o solo con el control de las maras “manu militari” que se van a resolver estos problemas.
El presidente electo de Honduras debe implementar planes de asistencia social que sean un bálsamo para las necesidades de los más pobres, a la vez que trabaja en políticas que consoliden el desarrollo económico y social del país. Pero esto no es un problema que debe resolver solo Honduras, es un problema al que deben poner atención vecinos como El Salvador y Guatemala si no quieren terminar como Nicaragua.
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