Elízabeth Romero y Gloria Picón
Igual que pasó con la Policía Nacional, el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, se propone con las reformas al Código Militar, “premiar” a los uniformados al extender a cuarenta años el periodo de retiro de la alta oficialidad del Ejército y por edad hasta 65 años.
En la propuesta enviada por Ortega a la Asamblea Nacional, en el Título Uno (Organización Militar) plantea que se extienda la permanencia de los militares, “tomando en cuenta que el Ejército de Nicaragua es una institución joven y con el retiro de personal con experiencia, capacitación y conocimiento hacen que se desaprovechen estas cualidades”.
Además dice Ortega en el proyecto de reformas que “por interés nacional se dispone la reincorporación al servicio militar de oficiales en condiciones de retiro y en situaciones de reserva”.
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Según Castro, en el Código Militar hay que incorporar “toda la visión de la creación de la defensa del medioambiente, de la creación de los comandos ecológicos y otras acciones de prevención que no están claras en la ley”. Mientras que en la Ley de la Policía (Ley 228) hay que incorporar “el modelo comunitario proactivo que se ha venido desarrollando basado en un articulito constitucional sobre la participación ciudadana”.
Por su parte, la diputada sandinista Alba Palacios, primera secretaria de la junta directiva de la Asamblea Nacional, dijo una vez más que no ha leído el texto.
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En diciembre de 2011, Ortega extendió el periodo de jubilación para los policías a través de un decreto presidencial que permitió a muchos oficiales afines al partido de Gobierno, incluida la jefatura actual policial, permanecer cinco años más en el cargo.
YA HABÍA AVANZADO CON NORMATIVA
El analista independiente, Yassir Chavarría, recordó que en 2009 fue reformada la normativa interna militar que ya le había agregado cinco años a la permanencia de los militares, que extendieron su periodo 30 a 35 años el tiempo de servicio así como de 55 a 60 años de edad.
“La pregunta es, ¿a qué responde esa propuesta?”, reflexionó Chavarría, quien apuntó que si bien es cierto los militares con treinta años de servicio poseen mucha experiencia y conocimiento, que pueden aportar al Ejército de Nicaragua, “habrá que ver si esto es debido a que esos militares (como), generales y coroneles son todavía de origen del Ejército Popular Sandinista”.
Chavarría aclaró que no tiene mayores elementos para asegurar que esto obedece a que hay “afinidad político ideológica con un proyecto del presidente Ortega”, pero sí, tiene mucho sentido referir “que esa oficialidad de alto rango tienen su origen en el Ejército Sandinista y (con) muchos vínculos con personeros del Gobierno actual”.
EJÉRCITO CAMINA HACIA DICTADURA MILITAR
La abogada constitucionalista, Azahalea Solís, considera que la propuesta de reformas al Código Militar “es parte de un todo” junto con las reformas constitucionales, pues “estamos caminando de manera acelerada hacia la dictadura militar”.
“Lo que queda claro es que el Ejército está caminando aceleradamente a su conversión en lo que era la Guardia Nacional, un ejército de ocupación en el país formado por nicaragüenses, que tenían como objetivo mantener en el poder a una familia”, expuso Solís.
Y recordó lo que el movimiento Unidad por la República expresó en un reciente pronunciamiento, que “Ortega camina al suicidio con el Ejército, igual que pasó con Somoza y con la Guardia Nacional”.
“Es impresionante la irresponsabilidad histórica de los mandos actuales del Ejército de Nicaragua, no aprendieron nada de lo que llevó a la Guardia Nacional a desaparecer”, apuntó Solís.
“PREMIOS Y CASTIGOS”
Para el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, una prórroga en la permanencia de los militares, “está asociada a premios y castigos que le caracterizan a este gobierno”.
Carrión advirtió que el Ejército esta plegándose más a los dictados de Ortega “y por ende (está) en riesgo la institucionalidad del Ejército, en riesgo de adquirir los colores como los tiene bastante la Policía”.
El defensor de derechos humanos refirió que, desde el momento en que la propuesta se hace en el contexto de una reforma más grande, que es la de la Constitución, “y coincide con el sometimiento de todas las instituciones a la voluntad del gobierno inconstitucional (por lo que) las intenciones de que puedan ser bondadosas están cuestionadas”.
Carrión considera que aunque se intenta presentar que es para no desaprovechar la experiencia de cuadros del Ejército, igual que pasó con la Policía, al aducir que se trata de cuadros muy valiosos, en la realidad esto coincide con el interés de la pareja presidencial de subordinarlos.
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