Luis Gustavo Murillo Orozco
Un centro urbano como Managua concentra la mayor parte de la población del país (más de un tercio del total de la población) y por ende también genera fuertes problemas de pobreza y exclusión socioeconómica, por tal razón una parte muy importante de los pobladores necesitan movilizarse en un sistema de Transporte Urbano Colectivo (TUC) que les permita realizar sus actividades.
Es plausible por tal razón una política pública de subsidio al precio de la tarifa de TUC, pues ello reduce en alguna medida los costos de transacción que los pobres urbanos de Managua enfrentan; sin embargo, tal beneficio se puede borrar de forma expedita cuando las mismas autoridades del sector público y los especuladores se aprovechan de malas medidas trayendo a colación el sofisma de la modernización de un sistema de Transporte Urbano.
Es lo que ha sucedido desde que, a partir de la segunda mitad del presente año, las autoridades de Transporte de Managua aplicaron la terrible medida de dar la concesión para la modernización a una empresa (MPeso) que ha demostrado su incapacidad de poder cumplir con las expectativas de la denominada modernización del sistema.
Esta mala medida que esteriliza la política de subsidio a la tarifa del TUC de Managua, la podemos visualizar en problemas concretos tales como:
a)El Estado de Nicaragua había beneficiado por más de tres quinquenios el bolsillo de los usuarios de TUC de Managua, manteniendo congelada la tarifa en 2.5 córdobas; sin embargo, ahora es usual ver a personas que realizan actividad informal (que desde mi punto de vista es ilegal) al vender el pasaje al doble de su precio, aprovechando que aún no todos los pobladores tienen su tarjeta TUC, que frecuentemente marca rojo en el sistema, etc., disminuyendo con ello el poder adquisitivo.
b)Pérdida de tiempo de la mano de obra laboral, porque los usuarios del servicio frecuentemente no encuentran centros de recarga suficientes, no poder pagar el sobreprecio de los agiotistas vendedores de pasajes, lo que afecta el nivel de producción y productividad, pues esto genera un impacto que al ser medido influye negativamente en el nivel de producción y productividad.
c)Deterioro aún más del servicio de TUC, por parte de los conductores de unidades de transporte, pues al no tener acceso a dinero en efectivo ya no esperan a los usuarios que aguardan recibir el servicio y, en caso que su tarjeta marca saldo rojo, maltratan verbalmente y bajan de la unidad a las personas.
d)La sensación de sentirse estafado el usuario, pues frecuentemente el saldo sin ninguna justificación es absorbido por el sistema y la persona pierde lo invertido.
Como se puede observar, el sistema después de más de dos meses de haber iniciado ha demostrado ser ineficiente y atenta contra la libertad y garantías económicas de los usuarios.
Por último, es incomprensible por un lado la defensa que del sistema hacen las autoridades públicas de trasporte de la capital, representadas por el Instituto Regulador del Transporte Urbano de Managua (Irtramma), de pedir un voto de confianza y paciencia a los managuas y por otro lado, la campaña realizada por transportistas, funcionarios de MPeso de autoridades, de transporte, al declarar que no existe relación directa entre MPeso y las autoridades de trasporte.
Lo anterior es inadmisible puesto que, independientemente de que el sistema se diese en concesión a una empresa de naturaleza privada, el Estado es el responsable de garantizar una adecuada regulación y prestación del servicio.
Es decir, creo que los resultados adversos que estamos visualizando en la actualidad son producto de malas medidas y acciones económicas (por intereses personales) que han impulsado tanto el que recibió como el que dio la concesión, a sabiendas que no se tenía la capacidad con una sola empresa de poder cumplir con el denominado objetivo de modernización del Sistema de Transporte Colectivo. El autor es docente universitario en la UCA.
