La iniciativa de reformas constitucionales, planteada ante la Asamblea Nacional, evidencia nuevamente el problema histórico que no hemos sido capaces de resolver y que ha estado en la base de los enfrentamientos violentos que jalonan nuestra vida política, con sus terribles secuelas de sufrimiento y destrucción. Me refiero a la ausencia de un verdadero consenso constitucional, como fuente de legitimidad y estabilidad políticas.
La Constitución de 1854, que sustituyó a nuestra primera Carta Magna como Estado independiente de 1838, y por la que Fruto Chamorro quiso imponer una “dictadura constitucional”, llevó a la guerra civil, a la entrega del país al filibustero Walker y finalmente a la Guerra Nacional.
La suspensión de la Constitución de 1893, la llamada “Libérrima”, y su sustitución por otra contraria, la Constitución de 1905 llamada “Autocrática”, desencadenó otra vez la guerra, que continuaría aún después de la salida de Zelaya y arrastraría al país a una intervención militar norteamericana.
El desconocimiento de la Constitución de 1911, para dirimir la sucesión del presidente Carlos Solórzano, llevó en 1926 a la “Guerra Constitucionalista” entre liberales y conservadores, a una nueva intervención militar extranjera y a la guerra antimperialista encabezada por Sandino.
Este visceral desacuerdo constitucional, que ha conllevado el uso de las armas, solamente ha sido interrumpido por períodos de tregua acordados a través de los conocidos “pactos”, arreglos de cúpula para el logro y mantenimiento de un precario modus vivendi, para la reelección de un caudillo o el apoyo a una fórmula bipartidista, y que una vez rotos han dado lugar nuevamente a la guerra. Pero, salvo ciertas excepciones, como el “Pacto Providencial” surgido del agotamiento tras la Guerra Nacional, que dio paso a la Constitución de 1858 y los treinta años conservadores, nunca hemos alcanzado el consenso constitucional necesario para garantizar de manera estable el respeto y la convivencia de una pluralidad de intereses y concepciones ideológicas y el compromiso de todos los sectores que integran la nación con ciertos valores fundamentales, que marcan los límites de lo dirimible y cimentan la convivencia en paz.
Los estragos de tantas guerras no parecen haber sido suficientes para convencernos de la imperiosa necesidad de abandonar la forma perversa con que hemos concebido y ejercido el poder. Una vez más lo demuestran la naturaleza y fin de las últimas reformas constitucionales planteadas por Ortega, con las que busca perpetuarse en el poder. La Constitución sigue siendo vista como el instrumento manipulable, encargado de legitimar un sistema de dominación que reputa enemigo a todo aquel que se atreva a ejercer la protesta o la crítica, y no como el conjunto de principios, valores y procedimientos de consenso imprescindibles para la paz y convivencia estables.
No se ha entendido ni querido entender que la labor constitucional, además de política y jurídica, fundamentalmente persigue un objetivo moral: el consenso alrededor de una idea política de justicia, compatible con las diferentes filosofías, religiones e ideologías existentes en una sociedad reconocida como libre y plural.
Objetivo que no se alcanza con los “pactos”, fundamentados en el forcejeo y acomodo de intereses particulares o de grupo y no en el interés de la nación, de los que solamente puede derivar una estabilidad contingente.
Objetivo que requiere, ciertamente, no solo la más amplia participación ciudadana, sino el concurso de virtudes que nos han hecho mucha falta, —como la tolerancia y disposición al diálogo; el amor a la razón y a lo razonable; el sentido del equilibrio y de lo justo; de la imparcialidad y el juego limpio; y, no por último menos importante, del sentido de la vergüenza—; sin las cuales es imposible que los hombres puedan gobernarse. El autor es jurista y catedrático universitario.
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