El dictador Daniel Ortega ha sometido su propuesta de reformas constitucionales. La convocación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional hace creer que todo es un acto normal, real, válido. La subsecuente creación de una comisión especial constitucional constituye el acto central del engaño, en cuyo escenario nos perderemos sin ni siquiera pretender buscar oscuros secretos ni razonamientos dolosos. Ahí se esfumarán nuestros derechos, ante nuestro silencio y la complicidad de todos. Esta comisión emitirá el dictamen aprobando las reformas presentadas, a las que algunos aplaudirán con la conciencia anestesiada.
Ortega pretende eliminar la orientación que ejerce lo constitucional sobre lo administrativo. Quiere que desaparezcan esas pequeñas disposiciones que tienden a limitar las acciones de la administración. Su propósito es que la Constitución y las leyes dejen de ser las normas básicas que forjen el carácter de la Administración Pública y la organización del Estado. Una actitud de “el Estado soy yo” y una apreciación de que la Asamblea es irrelevante.
Sin el respeto a la Constitución no puede existir orden en el Estado, ya que la primera deja de ser la norma suprema. Toda la estructuración de la Administración Pública pierde sentido, puesto que el actuar del Estado dependería, no de las estipulaciones del orden constitucional, sino de los caprichos de un dictador. Es así como lo quiere el autócrata nicaragüense.
La intención de Ortega atiende a un proceso de usurpación total de los derechos, con apariencia de legalidad y a la sombra del terror. Precisamente, las turbas están asumiendo el poder. En los años ochenta los Comités de Defensa Sandinista (CDS) y, desde 2007, los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) han sido pretextos para crear grupos paramilitares al servicio de la represión del Estado. Hoy día se incluyen, oficialmente, en el paquete de reformas constitucionales con el nombre de Gabinetes de Familia.
A gran velocidad nos vamos acercando a una Nicaragua que será gobernada a nivel municipal y nacional por un solo partido, el Frente Sandinista y por un solo individuo, Daniel Ortega Saavedra, con el expreso propósito de destruir de una vez por todas nuestro frágil sistema democrático.
Gran parte de la responsabilidad de este debacle la cargan los miembros de una endeble y corrupta oposición, la vulgar renuncia de magistrados y diputados a sus responsabilidades democráticas, la complicidad de los empresarios políticos y el conformismo general ante la imposición del terror estatal.
Esta desproporcionada concentración de autoridad estatal empuja a Ortega a revertir el poco adelanto institucional logrado por el Ejército desde 1990. Ortega ambiciona nuevamente crear un Ejército revolucionario, una fuerza político-militar comandada exclusivamente por él. Este pretende mantener la lealtad del Ejército en los momentos cruciales que inevitablemente llegarán, con la inclusión de militares en servicio activo al gabinete o cualquier otro puesto público, tal como lo propone en su plan de reformas constitucionales.
Todo lo anterior evidencia las aspiraciones de Ortega a gobernar de manera indefinida. Este, explícitamente, propone cambios a la Constitución que pavimentan ese camino y lo quiere de manera fácil, pues pretende que “el presidente de la República pueda ser electo con la mayoría relativa de los votos”.
No deberíamos ignorar las palabras de Alberto Moravia, pues las acciones de Daniel son el reflejo de sus propios miedos. Según el escritor: “Una dictadura es un estado en el que todos temen a uno y uno a todos”.
Seguramente pronto volveremos a verlo así.
El autor es economista y escritor.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
