La paradoja del retroceso
Lo lógico en el devenir de cualquier nación es el progreso y este supone superación en todos sus ámbitos. Ese es el correcto pase a través del tiempo. Hasta finales de los setenta, Nicaragua era criticada por “ir muy a prisa” en su economía y es que estábamos a la altura en Latinoamérica, y no solo en el campo económico, sino en la aplicación de las leyes, requisito fundamental para el normal desarrollo de una nación. Pero no podía seguir siendo realidad aquella belleza.
Llegó 1979 con todos los pormenores ya de todos conocidos, y el panorama cambió totalmente para el pueblo honesto. Y digo para el pueblo honesto, porque para los adeptos al orteguismo todo continuó igual; su progreso personal se vio fortalecido y las leyes se volcaron a su favor, dotándoles incluso de autoridad, la cual azotaban en contra del pueblo que tanto contribuyó para que “ellos” llegaran al poder tomándolo todo para sí. En materia de justicia social, el pueblo se aferra al derecho constitucional que tiene para acceder a un trabajo digno (arto. 57 de la Constitución), pero nada más alejado de la realidad: para poder conseguir un empleo “digno”, un ciudadano que no comulgue con el sandinismo o no se meta en política, está condenado al desempleo, pues las plazas estatales son exclusivamente para los “compañeros” sandinistas, y ni dónde quejarse, pues todas las instancias están manejadas por ellos mismos, sometiendo al pueblo al terror del desempleo. En cuanto a la aplicación de las leyes, ocurre algo realmente vergonzoso, ya que son creadas por los diputados solamente para justificar una serie de sesiones de trabajo, y solo se aplican cuando es el pueblo el que reclama violando las sagradas normas de la ética y la moral, ciencias desconocidas o ignoradas por los nefastos gobernantes. En Jinotega, la Policía otorga permisos para que ciertas discotecas martiricen al vecindario, permiten que transportistas realicen reparaciones a sus unidades en plena calle, permiten a los buseros y camioneros usar sus estridentes pitos en la ciudad, y que los motociclistas anden con sus motos sin escape, violando la ley y martirizando a la población, sin que los garantes de la seguridad ciudadana hagan algo para frenar tales desmanes.
Y como si todo esto fuera poco, las casas comerciales instalan toldos en plena calle para promocionar sus productos, obstaculizando el libre tráfico de los vehículos y los peatones, porque la Policía “les da permiso” para realizar semejantes atropellos a la ley.
Le pregunto al comisionado de turno: ¿está facultada la Policía para amargarle la vida a toda una población, otorgando permisos que solo beneficiarán a unos cuantos? ¿Por qué no regulan el desorden de tránsito obligando al correcto estacionamiento? Todo lo anteriormente expuesto es retroceso político social, ya que en nuestro país, la lógica se mueve en sentido contrario, convirtiéndonos en un pueblo bizarro, donde los garantes de la ley son sus principales violadores.
Ramón Pineda.
Solidaridad con medios
El equipo periodístico de los programas Esta Semana, Esta Noche y Confidencial está siendo objeto de acoso y espionaje por parte de oficiales de seguridad del Ejército de Nicaragua, que es lo mismo que decir, por los empleados del ejecutivo.
No me extraña la actitud del gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega, pues los programas televisivos antes mencionados, son de los pocos, por no decir los únicos, que de manera profesional y objetiva informan sobre las arbitrariedades e injusticias que este gobierno practica.
Agradezco a este grupo dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro; su profesionalismo y su compromiso con Nicaragua, así como también con las personas que a diario sintonizan estos programas como única fuente televisiva de información, veraz y justa, de lo que acontece en Nicaragua. De igual manera vaya mi solidaridad con el periodista Ismael López y su familia, y con todos los hombres y mujeres de prensa que a lo largo de estos años de gobierno del FSLN han padecido la intimidación oficial.
María José Zamora Solórzano.
¿Hay orden en la sala?
En los medios de comunicación informan sobre la opinión que tiene la sociedad sobre el poder judicial, existiendo una crisis de credibilidad desde hace tiempo, lo que parece desalentador no solo para los ciudadanos sino también para los magistrados y jueces con vocación de servicio, que existen muchos en nuestro país.
Esta opinión negativa va en aumento sobre todo cuanto se trata de los magistrados de las Salas Penales de los Tribunales de Apelaciones de Managua (TAM) y específicamente la Sala Penal Uno, no quedándose atrás algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a las celebraciones de audiencias orales y públicas. Se exige respeto hacia las máximas autoridades, un comportamiento ético, honesto, expresarse y comportarse de forma adecuada, esto último implica escuchar con atención las orientaciones del magistrado presidente al iniciar la audiencia, no comer, no hablar, ni contestar teléfonos móviles que puedan interrumpir la audiencia.
Sin embargo, el respeto que se exige a los usuarios del sistema de justicia hacia las máximas autoridades, no es visible de parte de los magistrados hacia las partes procesales. Puesto que mientras el abogado litigante expresa o contesta sus agravios, ellos están en sus sillas durmiéndose, comiendo pidiendo té helado, café con cremora y conversando entre sí; lo que hace sentir al pobre litigante que habla al vacío, hace un esfuerzo sobrehumano para ser escuchado, mientras ellos (magistrados) hacen un esfuerzo por salir en carrera de la sala, puesto que lo que se lee entre líneas es que no saben ni de lo que están hablando las partes; imagínense como me sentí yo siendo familiar de una de las partes del proceso y la mala percepción que me llevo de las máximas autoridades cuyos nombres y apellidos mencionan de forma pomposa en los medios de comunicación.
Esto me ha motivado a reflexionar: ¿Esta conducta de los magistrados es susceptible de queja ante inspectoría judicial? ¿Inspectoría Judicial le dará trámite? ¿Realizarán visitas a los órganos jurisdiccionales para constatar el buen desempeño de sus funciones? ¿Hay orden en la sala? ¿Qué opina usted?
Joaquín Sánchez.
Contaminación ambiental
El día que menos se espera aparecen diferentes compañías con altoparlantes a instalar sus equipos en el parque japonés o el predio vecino al edificio Pellas, y hacen sonar con altos decibeles sus poderosos equipos. Semejante exposición de sonido hace que nuestros ventanales vibren y rechinen, y si esto sucede con los ventanales, en nuestros oídos ocurren daños irreversibles.
Cuando los vecinos nos acercamos a los operadores de los equipos de sonido a suplicar que bajen sus volúmenes nos responden que están autorizados por las autoridades competentes y mencionan a la Alcaldía y la Policía.
¿Se ignora la ley de protección ambiental, que supuestamente protege al ciudadano de la exposición al ruido y los altos decibeles?
Si continuamos así, los vecinos de Colonial Los Robles seremos muy pronto una comunidad de sordos.
Es bueno que las autoridades reflexionen y autoricen este tipo de eventos para que se realicen en plazas o locales alejados de las zonas residenciales.
Alejandro Palacios Herdocia.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
