Elízabeth Romero
Una nueva modalidad de control a los servidores públicos implementan algunas instituciones estatales, como la Dirección General de Servicios Aduaneros, que se vuelve un interrogatorio escrito que deben responder a través de un cuestionario de seis páginas a ambos lados.
El dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, sostuvo que esto es similar en otras instituciones públicas, con lo cual el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega violenta la norma establecida por la Dirección General de Función Pública, para los servidores públicos.
Entre las preguntas a los empleados de Aduana destacan si el trabajador está organizado en su barrio. Al igual que hablen sobre dónde estudian los hijos y datos precisos del lugar de trabajo de los hermanos del empleado, como el cargo que desempeñan y números telefónicos. Así como que si está dispuesto a poner los intereses de la organización por delante de los propios.
“Eso es a nivel generalizado de todos los servidores públicos activos, no estamos muy lejos del día que los empleados públicos, los recursos humanos del Estado se les ponga un uniforme militar”, advirtió Leiva Sánchez.
Y las preguntas planteadas en el cuestionario no son preguntas abiertas en las que el trabajador pueda exponer sus consideraciones, expresó Rodríguez.
Gonzalo Carrión, también del Cenidh, sostuvo que la forma en que está planteado el interrogatorio a los trabajadores de Aduana “es de sometimiento al trabajador, no le deja espacio a su libertad”.
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DIRIGENTE DENUNCIA A LOS LLAMADOS CLS
El dirigente de Fedetrasep manifestó que esta situación que es coordinada por los llamados Comité de Liderazgo Sandinista (CLS), en las instituciones del Estado se ha venido acentuando y en un año estos interrogatorios pueden requerirlo dos veces.
Cuando según la ley para los servidores públicos deben llenar un formulario en una ocasión y es al inicio de su relación laboral, y deben ser verdaderas fichas laborales.
“Esto es una reafirmación de lo que se ha denunciado que la función del servidor del Estado se ha visto afectada en el ejercicio de su función, por prácticas que representan los intereses del partido de gobierno”, expresó Leiva Sánchez, quien estimó que la ficha como la de Aduana “es para darle un seguimiento (al trabajador) como en un Estado militar, un Estado altamente dictatorial”.
Es de destacar que a finales de octubre trascendió que seis guardas de seguridad de esa institución fueron conducidos directamente a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde por más de 48 horas permanecieron bajo interrogatorio policial de forma ilegal, por el hecho que en una de las oficinas apareció un casquillo de bala.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, manifestó que el llenado de esta ficha demuestra la tendencia que persigue Ortega con las reformas constitucionales, para que militares y policías se desempeñen como funcionarios con cargos en instituciones públicas.
NO ES PERFIL LABORAL
Este tipo de interrogatorios escrito, dijo Carrión, es abusivo, viola el marco constitucional, la Ley de servidores públicos, no respeta la dignidad del trabajador, y más bien pareciera ser que se trata de integrar una fuerza paralela.
A criterio de Carrión el cuestionario “tiene más cara de una ficha policial con la característica de un control social y absoluto de la persona”.
Las preguntas redundantes no tienen el fin de que el empleado hable de su trayectoria como servidor público, o de su compromiso como servidor público, analiza Carrión, quien también consideró que el cuestionario tampoco “tiene la lógica estricta de una ficha de carácter laboral, porque no es propia de un perfil para definir el perfil laboral”.
Según el funcionario del Cenidh, no sería extraño que quienes hayan respondido este cuestionario posteriormente sean sometidos al polígrafo, para medir la sinceridad.
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