Brasilia/EFE
Brasil, que inició una campaña contra el espionaje electrónico de Estados Unidos, alegó ayer las mismas razones de seguridad nacional para justificar a sus propios espías, después de que el diario Folha de Sao Paulo publicó que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) espió las actividades de diplomáticos de Rusia, Irán e Irak en Brasilia, en sus embajadas y en sus propias residencias.
El diario O Estado de Sao Paulo publicó la semana pasada que la ABIN decidió no investigar a ese supuesto “doble agente”, que, según documentos reservados obtenidos por el diario, habría colaborado con la CIA, la central de inteligencia estadounidense.
Se ha citado a declarar al director general de la ABIN, Wilson Roberto Trezza, y al ministro de Seguridad Institucional, el general José Elito Siqueira. La ABIN se ha negado a revelar el nombre del espía, que el diario solo ha identificado como agente “008997”.
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El diario dijo haber obtenido esa información en documentos oficiales a los que tuvo acceso, los cuales no aclaran totalmente los métodos empleados, pero aseguran que los diplomáticos eran “seguidos” y “fotografiados” por agentes brasileños. Esas operaciones, según los documentos, fueron realizadas entre 2003 y 2004, cuando el presidente del país era Luiz Inácio Lula da Silva, y afectaron también a Rosoboronexport, agencia estatal rusa dedicada al comercio de productos del área de defensa.
“CONTRAINTELIGENCIA”
En una nota oficial divulgada ayer por el Gobierno brasileño se afirma que los datos se refieren a “operaciones de contrainteligencia” realizadas por la ABIN, que “obedecieron a la legislación brasileña de protección de los intereses nacionales”, añade el comunicado. También señala que, como el diario no le suministró al Gobierno copias de los documentos, no es posible “validar su autenticidad”.
La nota agrega que las actividades de la ABIN están previstas en la legislación y persiguen “la defensa del estado democrático de derecho, la sociedad y la soberanía nacional, con total respeto a los principios constitucionales y a los derechos y garantías individuales”. Advierte de que la filtración de informes clasificados como secretos constituye un delito y que el Gobierno, sin violar las debidas garantías de la libertad de prensa, procesará a los responsables por la entrega de los documentos.
Una fuente del Gobierno informó que “por el momento” no habrá más comentarios sobre el caso, aunque lo diferenció de las actividades atribuidas a los servicios de EE. UU., que “han espiado a jefes de Estado y empresas” y “no solo en Brasil, sino del mundo”, afirmó. En las embajadas de Rusia, Irán e Irak en Brasilia se informó que no harán comentarios sobre el asunto.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ricardo Ferrao, manifestó ayer que también pretende averiguar qué llevó a Brasil a espiar a otros países. “Debemos incorporar ese asunto a la investigación, porque puede parecer que Brasil es un país con dos pesos y dos medidas o que es un país que tiene una práctica y un discurso diferentes”, declaró.
Los documentos publicados por Folha de Sao Paulo fueron obtenidos en momentos en que el Gobierno encabeza una campaña en la ONU con la que apunta a establecer límites para el espionaje electrónico y que se garantice la privacidad de los usuarios de internet, tras las revelaciones de espionaje de EE. UU. a la mandataria de Brasil, varios de sus ministros y empresas brasileñas, como Petrobras.
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