MANAGUA/AFP
Nicaragua y Costa Rica acuden desde el martes a una nueva audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a raíz de un pedido de medidas cautelares de Managua, que acusa al gobierno costarricense de causar daños al limítrofe río San Juan con la construcción de una carretera paralela.
Según el planteamiento nicaragüense, la construcción de la carretera, de unos 130 km, ha causado erosión y sedimentación en el río San Juan, cuya margen derecha actúa como frontera natural entre los dos países.
La pretensión de Managua es que la CIJ dicte medidas cautelares para detener el vaciado de sedimentos en el río, dijo a la AFP el experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia.
La representación nicaragüense deberá demostrar que «existe un sentido de urgencia y necesidad asociada a un riesgo inminente de daño al propio río, a su navegación y al medio ambiente, que pueden ser mitigadas con medidas cautelares mientras se dicta un fallo definitivo», estimó Herdocia.
Según Nicaragua, Costa Rica debía comunicarle la realización de esa obra por cuanto su construcción está en la zona de amortiguamiento de la ribera derecha del río, que es territorio costarricense.
«Es muy posible que la Corte avale las medidas cautelares» en correspondencia con el derecho internacional y el derecho ambiental, que establece que no se pueden realizar actividades en el propio territorio que destruyan zonas en otro Estado, observó el jurista.
El representante nicaragüense ante la CIJ, Carlos Argüello ha dicho que la solicitud ante ese tribunal es para que ordene a Costa Rica suspender las obras «mientras no presente un estudio» ambiental.
El gobierno de Costa Rica ha negado las acusaciones de Nicaragua y asegura que la carretera es una obra de importancia para el desarrollo económico y social de su zona norte y que no afecta al río.
«Rechazamos que nosotros estemos generando impactos ambientales sobre el río San Juan que sean comparables a los daños que ellos han hecho a nuestros humedales», dijo recientemente la presidenta costarricense, Laura Chinchilla.
Hace menos de un mes, los dos países concurrieron a una audiencia ante la misma Corte a pedido de Costa Rica, que reclama a Nicaragua afectaciones en un territorio conocido como isla Portillos, en la zona limítrofe del Caribe, y que los dos países reivindican como parte de su territorio.
San José asegura que Nicaragua abrió canales artificiales en la zona, que es un humedal protegido, contraviniendo medidas cautelares que había establecido la misma CIJ en marzo de 2011, al iniciar un proceso de arbitraje en relación con la soberanía del área en disputa, unos 3 km2.
La CIJ tramita ambos litigios dentro de la misma causa, aunque las comparecencias por cada tema se han realizado de manera separada.
La nueva audiencia abrirá el martes con la presentación de argumentos ante los jueces por parte de Nicaragua, a los que Costa Rica responderá el miércoles.
Los días jueves y viernes serán destinados a las réplicas de ambos países.
La construcción de la carretera, que en Costa Rica es mencionada comúnmente como «la trocha fronteriza» ha sido motivo de uno de los escándalos de corrupción más sonados durante la administración de la presidenta Chinchilla, que asumió en mayo de 2010 y concluye su mandato en mayo de 2014.
Tras casi año y medio de iniciados los trabajos de la carretera, el gobierno decidió detenerlos ante el hallazgo de que gran parte de los recursos invertidos hasta entonces (unos 40 millones de dólares) habían sido malversados por funcionarios y empresarios involucrados en el proceso.
Inicialmente, la obra fue planteada por el gobierno como un tema urgente de soberanía nacional, luego de denunciar que Nicaragua había invadido isla Portillos con tropas y personal civil en octubre de 2010.
El argumento fue entonces que era necesario contar con una carretera en la zona para la movilización de los pobladores y de las autoridades policiales, que no tienen otra vía de comunicación que el propio río, con grandes limitaciones. Aunque el San Juan es parte del territorio nicaragüense, los tratados limítrofes conceden a Costa Rica derechos de navegación, pero éstos han sido restringidos por las autoridades de Nicaragua en los últimos años.
