Lulio Marenco, coordinador de los Abogados Democráticos, asegura enfrentar un proceso judicial viciado que busca meterlo a la cárcel. LA PRENSA/ CORTESÍA

Denuncia juicio amañado

Lulio Marenco García, coordinador de la Asociación de Abogados Democráticos, denunció que el Gobierno pretende usar el control que tiene sobre el sistema judicial para condenarlo por supuesta estafa al Estado y de esta forma callar sus críticas y denuncias contra la gestión del presidente inconstitucional Daniel Ortega.

Moisés Martínez

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Los Abogados Democráticos se han convertido en el recurso legal de aquellos que han sido abusados en sus derechos por el régimen del presidente inconstitucional Daniel Ortega.

Se han encargado de llevar los casos de personas agredidas por las turbas paramilitares del Gobierno, o denunciar ante el Ministerio Público a aquellos funcionarios que han sido señalados por actos de corrupción, pero no son investigados o procesados por las autoridades.

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Lulio Marenco García, coordinador de la Asociación de Abogados Democráticos, denunció que el Gobierno pretende usar el control que tiene sobre el sistema judicial para condenarlo por supuesta estafa al Estado y de esta forma callar sus críticas y denuncias contra la gestión del presidente inconstitucional Daniel Ortega.

Hoy se celebra un juicio en el Juzgado Octavo Local Penal, en el que la Procuraduría General de la República (PGR) acusa a Marenco de haber perjudicado al Estado por once millones de córdobas, un proceso sobre el cual el abogado asegura se le ha dejado en indefensión y del que solo espera se le deje encarcelado desde hoy mismo.

La PGR no atendió las consultas que hizo LA PRENSA a su Departamento de Prensa. El juicio será en el Juzgado Octavo Local Penal, que está a cargo del judicial Celso Urbina Orozco.

“Este señor es judicial que no es independiente, es un juez notoriamente orteguista y no es casualidad que donde él caigan aquellos juicios en los que se acusa a aquellos que el Gobierno quiere callar, como fue a los periodistas de LA PRENSA que condenó (en 2008)”, señaló.

LA PGR actúa en representación del banco Produzcamos, el cual asegura que Marenco no cumplió con un contrato para encargarse de unos trámites de recuperación de cartera morosa.

“A mí ni siquiera me entregaron el poder para iniciar los trámites de recuperación de cartera. Además, cómo voy a afectar al Estado si el mismo Estado por medio del Banco Central emite un comunicado en que dispensa el ciento por ciento de los intereses corrientes y moratorios. Además, se aprueba una Ley de Moratoria. Entonces, es imposible que yo perjudique al Estado por no recuperar la cartera, si el Estado mismo ha decidido parar procesos de recuperación de cartera”, dijo.

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