Los partidos políticos organizan actividades con los nicaragüenses en el exterior, pero sus gobiernos los menosprecian. Nicaragua engrosa la poca honrosa lista continental que niega el derecho al voto a sus ciudadanos en el extranjero, junto a Cuba, Guatemala y Uruguay.
No importa que la Constitución de la República en su artículo No. 20 proclame que “La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.
Tampoco que la Ley 152 de Identificación Ciudadana, aprobada en 1993 y revisada en 2006, en su artículo No. 1 establezca que “la cédula de identidad ciudadana como el documento público que identifica a los ciudadanos nicaragüenses para el ejercicio del sufragio y para los demás actos que determinen las leyes…”, o que en su artículo No. 2 norme que “Los nicaragüenses mayores de 16 años residentes en el extranjero, que no hayan obtenido su cédula de identidad ciudadana, podrán solicitarla en cualquier tiempo ante el Cónsul General de la jurisdicción correspondiente ”
La ley no se cumple. El argumento ha sido la falta de fondos, pero en realidad la clase política teme al voto en el exterior y ha optado por negar sus derechos.
Mientras tanto, la próxima emboscada se cocina a fuego lento. La Secretaría de la Asamblea Nacional remitió para dictamen en mayo del 2010 a la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, el anteproyecto de Ley Especial de Atención y Regularización de Inmigrantes Nicaragüenses en la República de Costa Rica. Luego el nombre cambió a Ley de Protección al Migrante Nicaragüense en el Exterior.
Adornado por supuesta preocupación por los emigrantes, el objetivo es crear un Consejo Nacional controlado por el gobierno, cuya verdadera misión es crear una base de datos a través de sus consulados, que llevarían control y registro de las organizaciones de nicaragüenses, que bajo supervisión consular deberían escoger su representante y el nombre informado por el cónsul al Consejo. El anteproyecto —claro está— no menciona el derecho a cedulación ni al voto, y es continuación del menosprecio que el Estado ofrece a quienes, habiendo sido víctimas de las malas políticas gubernamentales, hoy son parte fundamental de la economía.
La emigración masiva de nicaragüenses, que inició a partir de 1979 por desacuerdos políticos o la debacle que el orteguismo causó en los ochenta y de las que el país no se recupera, no se detiene.
Cada vida es una historia y el dinero que envían a familiares no ha sido encontrado en las aceras. Es ganado con sudor y sacrificio, padeciendo muchas veces ambientes no amigables.
El Banco Central de Nicaragua indica que las remesas en el año 2000 fueron de 320 millones de dólares, pero en 2012 alcanzaron los 1,014 millones, sin contar envíos a través de familiares o amigos. Esto equivale al 50 por ciento de las divisas generadas por las exportaciones nacionales.
No es para menos. Entre 1.2 a 2 millones de nicaragüenses viven fuera del país, mayormente en Costa Rica, Estados Unidos, España, Honduras, Panamá, El Salvador. En los primeros seis meses del 2013 Nicaragua ha recibido 521.6 millones de dólares en remesas. Considerando la próxima temporada navideña, cerrará con cifras récord. Esto tampoco importa al gobierno, que continúa exprimiéndolos. El costo de ingreso al país subió de 5 a 10 dólares, y la Ley 761, aprobada en agosto 2011, impuso después de noventa días de visita el trámite de pasaporte local.
Corresponde a quienes viven en el exterior hacer valer sus derechos y demandar el respeto que merecen. El autor es periodista, migrante en Estados Unidos.
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