Elízabeth Romero/I entrega
En uno de los casos los padres recibieron dos mil dólares a cambio. Guill calló porque fue amenazada de muerte. “Los jueces (comunales) también negocian por dinero. Dicen que en ese caso al wihta (el hombre) le dio una vaca, escondidito se la comieron el año pasado”, dijo.
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Actualmente el estado de salud de la niña es tan lamentable, según la mujer, que necesitará de una cirugía plástica.
Cuando fue cometido el delito la niña estaba en poder de su abuelita, pues su padre ya falleció y pese a tan bochornoso hecho la madre de la víctima prefirió huir con el hombre que abusó de su pequeña hija, que fue dejada abandonada en un crique en la comunidad El Cocal.
Ahora la niña es atendida en un albergue en Puerto Cabezas.
Las violaciones contra niñas y mujeres son uno de los delitos que más afectan a las indígenas en esa zona del país, donde en su mayoría el único acceso es a través del río.
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A mediados de septiembre del presente año la escuela de la comunidad San Jerónimo, Río Coco Arriba, se preparaba para el desfile con motivo de las Fiestas Patrias. La madre de una de las estudiantes de 13 años salió de la casa en busca de uniforme para que su hija desfilara. El padre de la menor tampoco se encontraba. “Yo andaba rebuscando en otro lugar para darles de comer”, refiere el hombre.
Ese día en ausencia de los padres un hombre de 45 años, pariente de la niña y habitante de esa comunidad, llegó a ofrecerle que junto a su tía, una menor de 11, fuesen a traer maíz. Las niñas confiaron en su pariente. Pero otro hombre de unos 22 años ya los esperaba con unos caballos en los que trasladaron a las dos menores .
Cerca de un crique los hombres las violaron varias veces, recuerda la niña de 11 años. Dos días después un grupo de búsqueda organizado por los jefes comunales encontró a las niñas amarradas, explica el juez Igilberto Enríquez. Llegar al lugar les había llevado unas dos horas, dice.
“Mi idea es agarrarlos, yo no quiero dialogar con dinero”, reacciona el padre de la niña de 13 años. La aclaración del hombre es porque en esa comunidad es usual que el daño sea resarcido con dinero, incluido una violación. Pero el hombre dice que en su caso esto no funciona, pues los abusadores no solo jugaron “con la dignidad” de su hija, sino del hogar.
ADVIERTE VENGANZA
No obstante, el hombre advirtió que si no hay justicia, él también puede optar por violar a las hijas de los dos hombres que abusaron de su hija, pues en relación a sus leyes ancestrales, esto también es usual. Además, el perjudicado refirió que el padre de uno de los abusadores advirtió que no pagará, pues ya está cansado de hacerlo.
Le llaman el pago de la sangre, que ha llevado hasta la muerte de varios miembros de una misma familia, recuerda la jefa de las Comisarías de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), comisionada Carmen Poveda.
A este individuo le atribuyen tres violaciones y un asesinato que quedaron en la impunidad. En esos casos los padres de las víctimas denunciaron, pero después desistieron de continuar los procesos porque entraron en arreglo con el abusador, y recibieron pago en efectivo, afirmó el wihta de San Jerónimo, Ronaldo Levas Urbina, de 34 años.
“El padre (del abusador) tiene plata y él paga, y un tío es autoridad, es presidente territorial”, así resume Levas la situación a la que se enfrentan los padres de las niñas abusadas.
El otro abusador que tiene 45 años y es pariente de las niñas también le planteó a Levas “que hablara con la madre, que él va a ofrecer el ganado”. Levas se negó.
¿BUSCABA NEGOCIAR?
El wihta piensa que la abuela y madre de las dos niñas no han recibido dinero de parte del violador, pero hay versiones obtenidas por las autoridades policiales que indican que la progenitora ha insinuado que podría exigir “una paga” para resarcir el daño.
La mujer lo negó cuando fue consultada por LA PRENSA. Pero una pariente y la misma comisionada Poveda externaron que la mujer refirió ante las funcionarias del albergue de donde sacó a las víctimas, sus intenciones de hacer arreglo.
“Ella (la madre y abuela) manifestó en su momento que iba a hacer arreglos porque no le parecía la justicia occidental (…) ellos querían una justicia pronta, ella lo quería resolver bajo el pago”, expresó la funcionaria policial.
HA SUBIDO PRECIO
El juez comunal expresó que hace tiempo el pago era de tres mil córdobas por una violación. Y un violador para burlar la justicia puede ofrecer a los padres de las víctimas una vaca o su equivalente. Una vaca hermosa en las comunidades del Wangki o Río Coco, cuesta diez mil córdobas.
“Las niñas y mujeres aquí en el Wangki son vistas como objeto, mercancías, objeto de trueque”, criticó la procuradora especial de la Mujer, Débora Grándison, quien lamentó que la violencia sexual sea vista como normal en ese sector del país. “Sinvergüenzamente se vende a las niñas”, criticó Grándison.
Esto representa una preocupación en el municipio. El tema fue abordado en el V Foro de Mujeres Indígenas realizado a inicios de octubre, en Waspam, promovido por la organización Wangki Tangni y apoyado por MS ActionAid Denmark. Grándison demandó mano dura en esta problemática, pues en el transcurso del tiempo la cultura ha sido deformada y ahora el negocio que hacen muchos padres con las niñas se ha vuelto “un modus vivendi” de entregar a sus hijas. Y “eso es trata de personas”, sostuvo la funcionaria.
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