Danilo Arbilla
Hasta fines de este mes fue suspendido el último proceso judicial que se lleva a cabo en Perú contra el expresidente y exdictador Alberto Fujimori, sobre quien ya pesa una condena a 25 años de cárcel por abuso a los derechos humanos. Ocho años más de prisión y el pago de un millón de dólares podrían sumársele a Fujimori si ahora es condenado por esta causa, conocida como “el caso de la prensa chicha” y en la que se le juzga por la compra con dineros públicos de las líneas editoriales de diarios sensacionalistas, ocurrida durante su gobierno (1990-2000).
La demora es motivada por el estado de salud del encausado y “recusaciones” contra los magistrados actuantes. Fujimori y sus abogados defensores reclaman “un juicio limpio”. Y sí que tienen derecho a ello. Ni se lo quita el antecedente de que durante el gobierno de Fujimori la independencia y “limpieza” no fueran ni por asomo “características” sobresalientes de la justicia peruana: prácticamente todos los jueces estaban en situación de “transitorios”, y las principales sentencias eran revisadas y aprobadas previamente en el Servicio de Inteligencia que manejaba Vladimiro Montesinos.
En Lima son conocidos como “prensa chicha” un grupo bastante importante de tabloides “de impacto” muy populares y de bajo costo. Durante el fujimorismo, el hombre de confianza del dictador, Montesinos, se encargaba de “pagar” con dineros públicos, grandes titulares y artículos de estos diarios furibundamente agresivos, difamantes y calumniosos contra disidentes, políticos opositores y militantes sociales, y contra periodistas y medios de prensa no adictos al régimen. Por esa causa ya han sido condenadas, además de Montesinos, otras 28 personas, entre ellas dos exgenerales y directores y propietarios de los diarios. El único juicio pendiente es el de Fujimori.
Se conocen y se definen como casos de “corrupción”; específicamente fueron condenados por los delitos de peculado —mal uso de fondos públicos— y asociación ilícita para delinquir.
Ninguno de ellos, ni tampoco está previsto para Fujimori, fue condenado por violar uno de los principales derechos que hacen a la dignidad humana, que es fundamento y razón de ser de la democracia y que constituye la libertad que garantiza y custodia la restantes libertades; nos referimos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a la información de los ciudadanos.
Estas “compras”, sin embargo, no significaron ningún peso, sol o dólar para los bolsillos de los operadores. Lo que estos perseguían era acabar, mediante el uso de esos diarios chichas, con los opositores, con quienes resistían. Y lamentablemente consiguieron bastante en esa oscura tarea. Quizás el caso del ingeniero Gustavo Mohme Llona, legislador opositor y director del diario La República que en ningún momento titubeó ni dejó de luchar contra el fujimorismo y que fue blanco continuo de los titulares “chichas”, sea un caso emblemático. Lo pagó con su vida.
Con este plan siniestro ellos desinformaban, engañaban a la gente, ensuciaban a sus adversarios, violaban y prostituían como el más vil de todos los proxenetas y macro a la primera y más sagrada de las libertades. Pero ninguno ha sido condenado por ello.
Fujimori dice que él no sabía que eso ocurría; que eran cosas de Montesinos. Difícil que fuera así, pero lo que sí sabía Fujimori era que se estaba atentando contra la libertad de expresión en todos sus alcances. Dos misiones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se lo reclamaron en su momento. Incluso señalándole expresamente lo que sucedía con los diarios “chichas”. Su cínica respuesta era: “¿qué quieren que haga, que cierre esa prensa? Yo, al igual que ustedes y la SIP soy muy respetuoso de la libertad de prensa. Quienes se sientan agraviados que recurran a la justicia que ahí tienen garantías, ahora yo tampoco puedo intervenir en la justicia, soy muy respetuoso de la separación de poderes”, se burlaba el dictador.
Por ello es que tendría que pagar. Pero a nadie se le condena por atentar contra la libertad de expresión. Y eso que es lo primero que hacen los dictadores, para después, sin que la gente tenga la más mínima posibilidad de saber qué es lo que pasa, cometer el resto de los delitos propios de su calaña.
Esas cuentas jamás deberían quedar pendientes. Sería justicia y además una fuerte advertencia para cuantos que andan por ahí enarbolando mordazas. El autor es periodista uruguayo, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
