Ana Murillo Argüello
La controversial reforma al arto. 46 de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres ha dejado en evidencia el rechazo absoluto de la mayoría de los nicaragüenses, dado que los legisladores aprobaron la figura de “mediación” con ochenta y tres votos a favor. Menciono la expresión de algunos diputados entre ellos hombres y mujeres: “El parlamento no tiene el derecho a negarle a una mujer que quiera después de establecer una denuncia darse la oportunidad de restablecer su unidad familiar a través de la mediación”.
¿En contra o a favor? Desde mi punto de vista, en contra. Me parece indignante que los legisladores, emitieran su voto respaldándose en un fundamento religioso inexistente en la mayoría de las familias nicaragüenses donde las mujeres están siendo víctimas de violencia intrafamiliar. Me pregunto: ¿por qué la mujer es la que debe sacrificar su propio beneficio para beneficiar su entorno “unidad familiar”? ¿Acaso el hombre sacrifica su violencia por su entorno familiar?
Si bien es cierto quedará a decisión de las mujeres irse a mediación o no, solo el hecho de exponer a la víctima con el agresor es una situación que lesiona y transgrede la integridad física y psicológica de una mujer. Aún no termino de sorprenderme. Recientemente leí en este Diario una entrevista titulada “Con la 779 se perdió la igualdad”, efectuada a una abogada litigante que sin duda alguna no está informada sobre el tema, su posición es androcentrista, dejando en evidencia ideas pocos constructivas. Es una pena que siendo mujer, egresada de la carrera de Derecho de la UAM, deje un posicionamiento irreal y fuera de contexto.
Irritante y cuestionante cuando la “abogada litigante”, supuestamente conocedora de la ley, menciona que no cree que pueda haber más de mil hombres nicaragüenses violentos y abusadores en Nicaragua. Permítame informarle que la Policía Nacional y grupos feministas, al primer trimestre de este año reportan cifras alarmantes: un 34.5 por ciento de las denuncias que se registran son por violencia intrafamiliar y en los últimos tres años un promedio de 75 femicidios anuales, que representan el diez por ciento del total de muertes violentas en el país.
Solo el hecho que en Nicaragua esté incrementando la cantidad de las comisarías de la mujer, juzgados y clínicas forenses especializadas para atender a mujeres agredidas, es un reflejo de que el problema de la violencia intrafamiliar es más grande de lo que podemos imaginar.
Si bien es cierto han habido grandes avances con respecto a batallar por los espacios y derechos de las mujeres y por justicia para las mujeres, aún queda mucho por hacer. Por lo que es casi seguro que esta reforma, va a traer consigo más problemas, terminará generando otros y seguramente no dará ninguna solución.
Para ello, insto al Estado a través del órgano competente garantizar políticas públicas de protección integral hacia la víctima de violencia, garantizar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos, impulsar campañas de sensibilización y concienciación, mejorar las mismas políticas públicas de prevención de la violencia hacia las mujeres y de erradicación de la discriminación, asegurar la sanción adecuada a los culpables y medidas socioeducativas que eviten su reincidencia. La autora cursa Maestría en Políticas Públicas para el desarrollo Social, OEA/CREFAL, México.
