Las estructuras económicas actuales son fuente de injusticia, el modelo de acumulación de capital sigue siendo la explotación de la mano de obra barata, a esto se le suman los privilegios de las actuales reformas tributarias que dejaron intactas las exoneraciones, afectando a las clases medias y trabajadoras. Los ingresos y la carga fiscal deben redistribuirse, que pague más quien más tiene, para que los déficits presupuestarios crónicos no sean cubiertos con nuevos impuestos, ni con más deuda interna como internacional cuyo pago disminuye el presupuesto social y repercute en el costo y calidad de vida. El gasto público debe racionalizarse reduciendo a los magistrados supernumerarios y a la burocracia de activistas partidarios.
Mientras la competitividad de Nicaragua descanse en la mano de obra barata y en la indiscriminada extracción de nuestros recursos no renovables, seguiremos sumidos en la pobreza estructural. Debe emprenderse una sana y racional explotación de nuestros recursos naturales. Proveer de insumos a precios preferenciales, medios técnicos, financieros, capacitación y transferencia tecnológica a la pequeña y mediana producción, de la artesanía y las cooperativas para que eleven la productividad y le sumen valor agregado a sus productos, creando las bases para el desarrollo de la agroindustria y la soberanía alimentaria, generando mayor empleo y mejores salarios A este esfuerzo debe sumarse un marco jurídico que dé garantías de respeto a la propiedad y las inversiones tanto de nacionales como de extranjeros.
El modelo de producción debe tener como centro el desarrollo humano sustentable de tal forma que progresivamente se logre el pleno empleo de sus ciudadanos para elevar los niveles de vida del pueblo nicaragüense; sin descuidar el equilibrio económico para que no se generen procesos inflacionarios y de déficit fiscal y comercial. Se debe impulsar un programa de integración real de la Costa Caribe en las estrategias de la nación. Un desarrollo económico sostenible permite políticas sociales más permanentes.
El país demanda el aprovechamiento del bono demográfico con los jóvenes, oportunidad que la estamos perdiendo. Se requiere al menos una inversión del 7 por ciento del PIB en la educación y una revisión en su pertinencia, calidad y cobertura con énfasis en la parte técnica y tecnológica, para que con las nuevas generaciones se forme un capital humano con mayores oportunidades en la cadena productiva, capaz de llevar las transformaciones que el país demanda en el nuevo contexto de la globalización.
Asimismo, se debe procurar que los servicios de salud amplíen cobertura, calidad y calidez; así como un programa agresivo de adquisición de viviendas a precios accesibles y mediante un plan de pago. Se debe garantizar una seguridad social y una relación obrero-patronal, en que se respeten los derechos de los trabajadores. En las reformas al seguro social debe prevalecer la autonomía, la supervisión de sus inversiones y recursos, la justicia social tanto en la atención médica de los asegurados como en la garantía de una pensión digna. En tanto, quienes le adeudan deben responder a sus compromisos.
Sería bueno que los empresarios encuentren formas de participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa y que se les capacite permanentemente. Ambas acciones contribuirán a que los trabajadores mejoren su desempeño productivo y se sientan comprometidos al éxito de la empresa. Se trata de desarrollar un sistema más justo y más humano, con enfoque de género y generacional, que sea el punto de partida de una mayor identificación y solidaridad entre todos los que constituimos la comunidad nicaragüense. Nuestra perspectiva debe ser que cada nicaragüense alcance el pleno disfrute de su realización humana. El autor es miembro de Movimiento por Nicaragua.
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