La frase de este título es de la fiscal Ana Julia Guido, pero no es ella la autora de esa sentencia lapidaria, cuyo único propósito fue involucrar a la Iglesia católica en un juicio a todas luces caprichoso y convertirlo en una guerra santa. Fue el arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes Solórzano, quien hizo eco a las amenazas siniestras de la jefa de la Policía. Es que la jefa de la Policía fue aspirante a monja y eso lo considera el Arzobispo como sello de marca para inclinar un juicio que va más allá de la supuesta estafa y se interna en los campos de la conspiración política.
Aquí se robaron seiscientos millones de dólares en las quiebras fraudulentas del Inter Bank y otros seis bancos privados, pero no vimos a la Fiscalía actuar tan diligentemente como lo hace ahora, ni oímos la voz autorizada de la Iglesia católica dando su opinión tan inclinada a un bando. Tal vez porque no había ningún banquero que fuese cura o monja y por eso se quedaron callados.
No se trata de avalar supuestas estafas, sino de recibir un trato igualitario. Todo lo que se está haciendo es en nombre de unas monjitas que ni siquiera comparecen a pelear por lo suyo, porque tiene quien pelee por ellas. Desde el Arzobispo, pasando por la ex aspirante a monja y continuando con magistrados, fiscales, jueces y demás comparsas del Estado interesados en “hacer brillar la justicia”, están peleando la guerra de las monjitas que se encuentran cómodas y tranquilas viendo como defienden su irresponsabilidad al poner en riesgo el dinero de la orden como unas inversionistas más, atrapadas por la codicia.
Las cosas llegan hasta el colmo de reforzar las acusaciones en contra de un imputado con la demanda del principal acusado en este juicio, que se ha convertido en una cruzada santa como las de los siglos XI y XII que se especializaban en cortar cabezas de infieles en nombre del Salvador de los hombres.
Y como si no sobraran las amenazas, dijo la fiscal Guido, extrañamente interesada en cortar las cabezas de los acusados, que aunque paguen lo supuestamente estafado van a seguir siendo perseguidos por la justicia porque es un delito de oficio contra el pobre pueblo de Nicaragua. Retórica barata con la que pretenden esconder las verdaderas intenciones de enemigos ocultos, que usan la traición y el engaño como buenos discípulos del maligno.
¿Quién determina la raya de lo civil y de lo penal en materia financiera?
¿Por qué la quiebra de los bancos y subsecuente comercio con sus carteras no fue considerada una estafa? Al contrario, fue el comienzo de muchas nuevas fortunas. Si por la víspera se saca el día, no es aventurado decir que los acusados, Montealegre, Bendaña y Paguaga, cualquier día pueden amanecer en las ergástulas de la DAJ, de acuerdo al actuar parcializado de la fiscal Guido.
En Nicaragua no hay abogado que salve cuando encienden la luz verde del exterminio civil y esa luz se prendió cuando dieron la señal desde las alturas de la Iglesia: “No hay vuelta de hoja”. El autor es comentarista político.
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