Un total de 41 denuncias por inconformidades en recargas a las tarjetas de pago del Transporte Urbano Colectivo (TUC) fue registrado esta semana en el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indec), aseguró Marvin Pomares, presidente de esta institución.
El principal problema que manifiestan los usuarios, de acuerdo con Pomares, es que el saldo recargado desaparece sin que se haya abordado una unidad de transporte.
Agrega que la confidencialidad que envuelve el contrato con MPeso viola el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ley 621, que “obliga a que se presente una cantidad de información porque estamos hablando de un servicio público aunque la empresa sea privada”, sostiene el ingeniero.
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MPeso, empresa encargada del sistema de pago electrónico para el transporte, también ofrece servicios de envío y recepción de remesas, pago de servicios básicos y pagos a comercios, en un intento de presentar un sistema fácil y seguro. Sin embargo, las debilidades presentadas desde el inicio de la implementación de las tarjetas TUC no contribuyen a la confianza de los usuarios.
Para el sociólogo Manuel Ortega Hegg, MPeso “no ha mostrado ser una empresa eficiente ni confiable”, ya que no ha pasado la prueba de la experiencia inicial en el periodo que lleva funcionando en Managua.
“El hecho de que ahora no esté apareciendo el equivalente a un pasaje sin que se haya explicado a la población qué significa eso y cuál es el problema, si es que es un problema o es una comisión que están pagando, lo único que hace es generar el rechazo de la gente a un sistema que siente que no la favorece”, afirma Ortega Hegg.
Por su parte, Pomares señala que las personas afectadas por los fallos en el sistema de recargas deberían acudir al Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua (Irtramma), ente regulador que debería garantizar el buen funcionamiento del sistema a cargo de MPeso.
“El Irtramma como ente regulador tiene que recibir todas las anomalías para transmitirlas a MPeso y obligarlo a que devuelva inmediatamente o que vuelva a recargar al ciudadano que está perdiendo esa plata y que de inmediato resuelva el problema”, apunta Pomares.
Según Ortega Hegg, en caso de que los ciudadanos no estén satisfechos con las respuestas que obtengan, “pueden incluso ir al sistema judicial pues es un sistema por el cual se sienten afectados, no sienten que les resuelve su problema diario de transporte”.
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