Tatiana Rothschuh
Los demandantes de tierra desalojados el lunes por efectivos del Ejército, en San Miguelito, Río San Juan, se quedaron ayer a la espera de tomar posesión de la propiedad el Morro, que supuestamente promete entregarles el Gobierno y exigieron el retiro de los efectivos militares de la disputada finca, ocupada por narcotráfico y crimen organizado.
Mario Báez Martínez, presidente de la Asociación de Retirados, dijo que confían en el compromiso de Ortega de titular la propiedad a favor de ellos, hecho a través de la directora de la Intendencia de la Propiedad Yara Pérez y el diputado Luis Coronel Cuadra.
Refirió que ambos funcionarios llegaron a San Miguelito a calmar los ánimos, después del desalojo realizado por unos 150 armados del Ejército que dejó seis heridos de bala y unos 15 lesionados.
Ayer, los desalojados también quedaron a la espera de que les entregaran las billeteras con sus documentos, dinero, teléfonos y otros bienes que los militares supuestamente les arrebataron.
El miércoles pasado una comitiva del Cenidh, encabezada por el director de filial Chontales, Dennis Báez, recepcionaron las denuncias de los afectados y presenciaron la reunión de los directivos con el funcionario de la Intendencia de la Propiedad, Alejandro Gómez Machado, la cual se tornó acalorada porque los desalojados pedían el retiro del Ejército del Morro y el Intendente les exigió la lista, cédula en mano a los demandantes.
Denis Báez consideró grave la actuación del Ejército porque actos de desalojo tienen que ser en virtud de un juicio o de un juez competente “el desalojo fue completamente arbitrario, violento y un abuso de funciones, en detrimento a los derechos de la integridad física y psicológica y garantías del debido proceso de los demandantes de tierra”, apuntó.
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