Norman Caldera
Cuando Panamá y Colombia se repartieron espacios marítimos en su frontera Caribe a través del Tratado Liévano-Boyd el 20 de noviembre de 1976, Panamá aceptó a Colombia una línea divisoria al oeste de la proyección al mar de su frontera terrestre, aceptando la premisa de que la Zona Económica Exclusiva de San Andrés se proyectaba también en dirección a Panamá.
Al aceptarle formalmente a Colombia a través de un Tratado, un límite entre las aguas supuestamente colombianas y las aguas definitivamente panameñas, Panamá aceptó que sus máximas pretensiones territoriales estaban delimitadas y no se extendían más allá de la línea divisoria del Tratado Liévano-Boyd. Esto constituye un estoppel para Panamá pues, aunque el tratado es “res inter alias acta” para Nicaragua, o sea solo afecta a los firmantes, tiene el efecto de asegurar a los vecinos que Panamá no tiene pretensiones sobre ningún otro territorio, más allá de la línea del Tratado con Colombia.
El problema panameño es que la CIJ determinó que parte de su frontera limita con aguas nicaragüenses, que Nicaragua sustituye a Colombia en una parte que el Tratado designa como colombiana sin serlo, pero dejó entre líneas que los límites de Nicaragua con Panamá están abiertos a negociación.
En vez de negociar, arte de que la profesional y seria Cancillería panameña tiene mucho que enseñarnos, Martinelli cometió la mayor falta de cortesía posible: reclamar ante el mayor foro mundial por una falta de cortesía: la diplomacia de Nicaragua tuvo una falla pequeña al no haberle notificado de las intenciones de solicitar la extensión de plataforma continental, pero Nicaragua no tiene obligación de consultarle a los vecinos antes de hacer sus solicitudes a la Comisión de Límites de la Convención de Derechos del Mar. Al reclamar por una cortesía como si fuera un derecho, Martinelli ostentó su ignorancia, su arrogancia y su deseo de ser comparsa de Santos, aunque su Cancillería, profesional como acostumbra, enmendó el error.
Es de hacer notar, que debido a la profundidad del mar en el área fronteriza entre Nicaragua y Panamá, los reclamos de ambos se enmarcan dentro de las 200 millas de plataforma continental de cada uno y según entiendo, no habría lugar a solicitar plataforma extendida que afecte a Panamá.
En el caso con Colombia, no hay nada que hablar, el señor Martinelli no tiene vela en ese entierro. En cuanto a la revisión o no de la frontera marítima, esos son otros cien pesos.
Las dos cancillerías (Nicaragua y Panamá) deberían sentarse a revisar primero el efecto de la sustitución de Colombia por Nicaragua y redactar un Tratado que (en ausencia de estudios previos, no podría adelantar) pero que solo podría tener dos resultados: a) la ratificación por Nicaragua y Panamá de un nuevo tratado que respete la línea fronteriza actual, o b) la elaboración de una línea fronteriza que siga la línea del traslape de las 200 millas de Zona Económica exclusiva de ambos, y que mantenga el equilibrio entre las zonas económicas exclusivas del uno y del otro, respetando los acuerdos de pesca firmados entre Colombia y Panamá, sustituyendo a Colombia, mutatis mutandi, en la parte correspondiente. Cualquiera que sea el resultado, es claro que el expansionista es Colombia.
Conociendo la diplomacia panameña y dado que la hora de Martinelli se agota, no dudo que entre las dos Cancillerías, estos países hermanos llegarán a un acuerdo satisfactorio para ambos, tomando el tiempo necesario para que sea duradero aunque ya no lo firme ninguno de los dos mandatarios actuales. El autor fue Canciller de la República.
