Moisés Martínez
El Ejército de Nicaragua sigue sin pronunciarse sobre el capitán identificado como García, quien resguardaba el domingo pasado las instalaciones de Difuso Comunicaciones, la productora audiovisual propiedad de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra.
El coronel Orlando Palacios, vocero del Ejército Nacional, no atendió las consultas de LA PRENSA sobre por qué un militar estaba dentro de una empresa privada del hijo del mandatario, vigilándola, algo que no está entre las labores del cuerpo castrense, según sus propias normativas.
“Eso fue un abuso de autoridad porque el perímetro presidencial es cada vez más grande, y Difuso es propiedad de un privado, no del Estado o del Gobierno. Por lo tanto por qué debería ser tomado como peligroso el hacer fotografías de un edificio de una empresa privada, mas cuando estamos hablando de una empresa de comunicaciones audiovisuales”, opinó.
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El Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar (Ley No. 181) establece cuáles son las funciones del Ejército de Nicaragua y no menciona nada en referencia a resguardar bienes privados, menos cuando estos son propiedad de la familia del presidente de turno.
“El Ejército no tiene funciones específicas como institución, en su reglamento y en el Código Militar, para hacer trabajos de resguardamiento, vigilancia y brindar seguridad a instalaciones que no sean estrictamente militares”, dijo el especialista en temas de seguridad pública, Roberto Orozco, al ser consultado sobre el tema.
El capitán García fue quien alertó al sistema de seguridad de la casa del presidente Daniel Ortega, sobre la presencia de los periodistas en la sede de Difuso, ubicada en las cercanías del parque El Carmen.
La Policía Nacional respondió rápidamente a su llamado y esto provocó que a los periodistas los retuvieran por una hora para requisarles los equipos, tomarles fotos, borrar las fotos que se habían hecho de Difuso y registrar sus datos personales.
“No sé si el capitán García está actuando a título personal o fue mandado por la institución. Si lo está haciendo obedeciendo órdenes, el Ejército definitivamente está asumiendo funciones que no le corresponden, estaría violando su propio reglamento”, añadió Orozco.
El equipo periodístico de LA PRENSA llegó a Difuso Comunicaciones el pasado fin de semana para hacer fotografías y vídeos de esta productora audiovisual, debido a su solicitud ante Telcor para ser beneficiada con la adjudicación de una licencia para transmitir televisión abierta, en la frecuencia de Canal 22.
“La lectura política de este hecho es que se demuestra que altos oficiales del Ejército están respondiendo políticamente a un partido, a una pareja presidencial que los ha logrado coaptar (ajustarlos a su conveniencia) a través de dádivas, regalías y clientelismo político. Los altos oficiales militares han sido conquistados a través de prebendas, como el ofrecimiento de trabajos a familiares cercanos, como sus esposas”, comentó Orozco.
El Gobierno tampoco se ha pronunciado sobre el incidente con los periodistas.
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