Naciones Unidas/EFE
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, denunció este martes el espionaje diplomático y económico por parte de Estados Unidos denunciado por Edward Snowden, algo que consideró «una violación» de la soberanía de su país.
Rousseff, que centró su intervención ante la Asamblea General de la ONU en el espionaje del que ella misma fue víctima, afirmó que se trata de «una afrenta» y «una falta de respeto» que no puede justificarse en la lucha contra el terrorismo.
La presidenta brasileña no mencionó directamente a Estados Unidos por este caso, por el que ya anuló su viaje oficial a este país previsto para octubre, pero sí recalcó que la actividad de esta «red mundial de espionaje» es un asunto «sumamente importante y grave».
Rousseff destacó que este espionaje «ha generado enojo y repudio» en todo el mundo y señaló que ha afectado especialmente a Brasil porque se interceptaron comunicaciones de la oficina de la Presidencia, de la misión de su país ante la ONU e incluso informaciones «de alto valor económico e incluso estratégico».
Estas revelaciones, añadió, muestran una injerencia en asuntos internos, lo que consideró aún más repudiable por ser entre «países amigos».
Además, Rousseff consideró «totalmente inaceptable» el espionaje a empresas y dijo que «insostenible» justificar estas prácticas por la lucha contra el terrorismo.
«Brasil sabe cómo protegerse, lucha contra los grupos terroristas y no los alberga», recalcó la mandataria, quien destacó: «vivimos en paz con nuestros vecinos desde hace más de 140 años».
En una referencia a su pasado como militante de oposición a la dictadura militar brasileña, Rouseff dijo que «al igual que otros muchos latinoamericanos», luchó «de manera directa contra el autoritarismo y las actuaciones arbitrarias».
Se trata -resumió- de «un caso de falta de respeto a la soberanía nacional de mi país», añadió la presidenta, quien recalcó que si no hay un respeto a la privacidad «no hay una verdadera democracia», por lo que pidió una acción internacional concertada para evitar que estas prácticas puedan repetirse.
Rousseff también dedicó una buena porción de su intervención a la ola de manifestaciones y protestas que vivió su país en junio pasado, de las que dijo que son «parte inseparable de la construcción de la democracia y el cambio social».
Sin embargo, señaló que su Gobierno «no reprimió a los manifestantes, sino que los escuchó», ya que «nosotros vinimos de las calles. Las calles son nuestro lugar, son nuestra base».
Dilma Rousseff recordó que los manifestantes «reclamaban un futuro de mayores derechos, mayor participación y mayores logros sociales», y lo relacionó con la fuerte reducción de la pobreza que ha logrado su país en la última década, que a su vez ha generado mayores peticiones de profundización democrática y social.
Dilma Rousseff insistió además en dos viejas peticiones de Brasil: la reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Consejo de Seguridad de la ONU para que ambos organismos otorguen peso a los países emergentes más importantes, como el suyo.
«La gobernanza del fondo debe reflejar el peso de los países emergentes», subrayó.
En cuanto al Consejo de Seguridad, consideró que habrá «una derrota colectiva» si no se produce una reforma para 2015, ya que el organismo mantiene una «limitada representación» que no sirve para afrontar los retos del siglo XXI.
Como ejemplo, Rousseff mencionó la inacción del Consejo ante la guerra civil de Siria, que dura ya dos años y medio, o la «parálisis» ante el conflicto israelo-palestino.
