Tegucigalpa/ACAN-EFE
Unas nueve organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en Honduras denunciaron hoy que al menos 50 defensores de derechos humanos han recibido amenazas de muerte por defender los derechos de sus comunidades y los recursos naturales del país centroamericano.
En una rueda de prensa, la directora del no gubernamental Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), Suyapa Martínez, junto a la dirigente de Las Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la argentina Nora Cortinas, y otras líderes campesinas, denunció que «más de 50 defensores de derechos humanos están siendo criminalizados y amenazados de muerte», aunque no precisó por quién.
Las amenazas a los defensores de derechos humanos «son muy preocupantes», subrayó Martínez, tras expresar su «rechazo a los diversos actos cobardes de violación de los derechos humanos» contra campesinos e indígenas en Honduras.
«Muchos defensores de derechos humanos son amenazados de encarcelarlos» por defender los derechos de sus comunidades y los recursos naturales de la nación centroamericana, agregó.
Por su parte, Cortiñas expresó en la rueda de prensa su «repudió» a las amenazas que sufren los defensores de derechos humanos en Honduras.
«Nos preocupa tanto que la represión y la persecución llegue a tanto como criminalizar la defensa de los derechos humanos» en Honduras, subrayó Cortiñas.
Agregó que las comunidades campesinas e indígenas «solo defienden sus recursos y sus tierras» y lamentó que el Gobierno de Lobo «permita» que empresas trasnacionales se «lleven las riquezas» del pueblo hondureño.
En tanto, Martínez recordó que el pasado viernes un juzgado hondureño dictó prisión formal a la coordinadora del Comité Cívico de Organizaciones Campesinas Populares e Indígenas (Copinh), Bertha Cáceres, acusada de provocar daños a una empresa que construye un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras.
En su fallo, el tribunal señaló que Cáceres, de la etnia lenca, es «responsable de causarle daños a la empresa mercantil DESA-SINOHYDRO», de capital hondureño y chino, que desarrolla el proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» en la comunidad de Río Blanco, departamento occidente de Intibucá.
También señaló que el próximo día 30, la dirigente campesina, Magdalena Morales, será «enjuiciada», tras ser acusada de invadir unas tierras privadas de una empresa azucarera en el norte del país centroamericano.
Por ello, la directora del CEMH exigió al gobierno que preside Porfirio Lobo que «cumpla su rol de ser garante de los derechos humanos en el país» centroamericano.
Mientras, Lilian López, coordinadora del Copinh, acusó a Lobo y a la empresa DESA-SINOHYDRO de ser los «responsables» de las amenazas de las que son víctimas los defensores de derechos humanos y la violación de esos derechos en Honduras.
«Son muchos los defensores amenazados en el país por defender los recursos naturales», dijo López a Acan-Efe.
La dirigente indígena además exigió al Gobierno que «pare la persecución política hacia las organizaciones» que luchan por los derechos de las comunidades en Honduras.
