Edgar Genie
Las alianzas ficticias de Colombia con Costa Rica, Panamá y Jamaica entran a escena como actos de ilusionistas. La ministra Holguín y sus asesores saben que los tratados con estos países, que fueron denunciados en su momento, eran actos hostiles contra Nicaragua y contrarios al Derecho Internacional. Obviamente, la ministra no va a reconocer públicamente las causas por las cuales la “audaz hazaña” de los tratados no prosperó en la Corte.
El supuesto conflicto de intereses de la juez china, tesis que todavía sostiene la excanciller Noemí Sanín, se cae por su propio peso. Nadie se imagina qué pasaría si el Gobierno en su solicitud de interpretación a la Corte hubiese llegado con esta grave acusación. Pelearse con las cortes internacionales, en estos momentos cruciales de la reelección de Santos, sería lo más contraproducente. La Corte Penal Internacional está muy atenta al proceso de paz en Colombia, sería un enorme fiasco para el Gobierno si rechaza el marco jurídico para la paz del Gobierno de Colombia.
Las amenazas de hacer públicas las actas de la comisión asesora cayeron como balde de agua fría. No hay que olvidar que a raíz de las declaraciones de Santos, el expresidente Pastrana se retira de la Comisión. El riesgo de publicar las actas es lo más cerca que ha estado Santos de destapar todo el entramado contra Nicaragua. Al final de este lapsus se constató que el presidente Santos no tuvo ni el valor y tampoco el apoyo necesario para hacerlo. Las amenazas de Santos a los expresidentes de publicar las actas, las infiltraciones de la estrategia colombiana y el bajo desempeño llevaron al gobierno de Colombia a la decisión de disolver la comisión asesora.
La Reserva de Coral Seaflower no es que sea la manzana de la discordia o la joya de la corona. Colombia carece de estudios científicos, investigaciones o proyectos sobre la conservación y protección de la reserva. Los reclamos de la ministra forman parte de todas las argucias legales para darle vía libre a los “nuevos límites marítimos de Colombia” que pretenden establecer unilateralmente mediante decretos.
El tema de la pesca es otro problema serio para Santos. Las promesas de ayuda a los raizales no han sido cumplidas y para suavizar la tensión con los nativos de San Andrés, el Gobierno no tiene otra salida que dirigir sus dardos contra el fallo. No obstante, impugnar el fallo en virtud de hacer creer que la Corte se fue en “contra su propia jurisprudencia”, en materia de pesca, simplemente es una señal de que la ministra y el presidente no han leído todavía el informe de sus abogados.
Invocar conceptos y normas establecidas en la Convención del Derecho del Mar, del cual no es parte, se puede prestar a cualquier tipo de suspicacia, pero lo desconcertante es el derroche de sofismas. El gobierno colombiano invoca esta Convención cuando le conviene y la rechaza cuando le da la gana, simplemente porque en algunos casos consideran que no conviene a sus intereses expansionistas. En esta lógica, el Gobierno pretende vender la idea a los colombianos de que nada se ha “perdido” y que hay esperanzas.
Claramente, Colombia está pasando por un mal momento. Si había estrategia o no, es lo de menos, es claro que desde un inicio no se vislumbraba éxito alguno. Los colombianos están siendo testigos del derrumbe de toda la estructura que pretendió ser el fundamento de una doctrina expansionista. Una doctrina que, a pesar de sostenerse en una base mal lograda, se mantuvo hasta el siglo XXI, gracias a los subrepticios de asesores astutos que supieron balancearse al vaivén de la política.
Los nicaragüenses comprendemos la frustración que tienen los colombianos. El tiempo dirá y tarde o temprano tendrán que salir de la encrucijada que les fue impuesta por décadas. El fallo es un llamado a la concordia, a la paz, la armonía y la colaboración. El fallo no debe ser motivo de resentimientos absurdos. Como lo he sostenido siempre, Nicaragua no le ha quitado nada a nadie.
La dificultad de entender por qué se emite un fallo adverso, ante la creencia de lo “intocable“, no es fácil de asimilar. Los desacuerdos, la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, las imprecisiones post fallo, la confusión, los constantes altibajos en la Comisión Asesora del gobierno de Santos, errores tras errores, las renuncias de asesores a lo largo del litigio, todo un mar de misterio, fueron y son parte de las secuelas que deja la estela de toda una estrategia expansionista que data del siglo pasado.
A pesar de los anuncios de Santos sobre la “no aplicabilidad” del fallo, los colombianos todavía esperan las “medidas” que adoptará el gobierno de Colombia. Su tan anunciada estrategia ha dejado un sabor agridulce, nada nuevo y tal parece que, más bien, empeoró la situación de Colombia. Hacer creer que se traslapan dos plataformas continentales, de invocar el derecho interno para eludir la responsabilidad frente al ordenamiento internacional son parte de las falacias que están llevando a Colombia a la vorágine donde difícilmente se podrá llegar a un punto de retorno. Esta vez las medidas del gobierno de Santos se quedaron en los egos y la vanidad.
Es claro que el objetivo inmediato es ganar tiempo, en una carrera de obstáculos a la reelección y, por ahora, no hacer nada a fin de develar ante sus conciudadanos todo el manto de mentira que se tejió durante medio siglo.
El gobierno de Colombia sabe que entre más cortapisas le ponga al fallo de La Haya se estarán propiciando las condiciones que solo favorecerán a aquellos que ven una oportunidad de promover, sin ningún pudor o reparo, las posiciones guerreristas. Nicaragua y Colombia tienen el imperativo de luchar para que se imponga la razón frente a las tesis irracionales de la confrontación. Es la crónica de otro fallo anunciado.El autor es jurista internacional. Exdiplomático y consultor en Colombia.
