Josué Bravo
Las empresas constructoras de la carretera fronteriza con Nicaragua habrían cometido delitos en contra de Hacienda Pública al simular operaciones y recibir pagos sin sustento probatorio, señaló el legislador Manrique Oviedo, quien pidió a la Dirección General de Tributación Directa realizar una investigación.
Ambos ya descontaron los primeros seis meses de prisión preventiva.
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Oviedo, del opositor Partido Acción Ciudadana y miembro de la comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público, la cual realizó una investigación de la carretera tras el escándalo de corrupción, solicitó por escrito al director de Tributación, Carlos Vargas, investigar a las 43 empresas constructoras por la presunción de delitos.
“Podrían haberse dado por parte de las personas físicas y jurídicas, acciones que están claramente tipificadas como delitos, según el Capítulo III, Sección II del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, indicó el legislador.
Las 43 empresas constructoras cobraron 35,000 millones de colones (cerca de 70 millones de dólares) dándose casos de empresas que prestaron el servicio de alquiler de equipo al Conavi (Consejo Nacional de Vialidad, responsable de la obra) y que a esa fecha no tenía ninguna maquinaria registrada a su nombre”, según Oviedo.
“También se encuentran prestando servicio de ‘alquiler de maquinaria’ o venta de materiales, empresas que tenían un giro de negocios diferente al del servicio que se prestó”, cuestionó Oviedo.
El legislador recordó que, durante el proceso de investigación en el Congreso, los diputados concluyeron que, en general, la obra refleja un manejo “ilegal, desordenado y sin control alguno de los recursos públicos destinados a la construcción”, lo cual ha derivado en la apertura de procesos de investigación, tanto en la Fiscalía como en la Contraloría de la República “por las actuaciones dolosas de los involucrados”.
“Dada la trascendencia que el proyecto La Trocha 1856 tiene para el país y la cantidad de acciones dolosas cometidas durante la ejecución del proyecto, generando una grave lesión al erario público, sería ejemplarizante poder recuperar, vía impuestos, al menos una parte de los dineros pagados o comprometidos por parte del Estado en una operación que será por muchas décadas el ejemplo más claro de la corrupción en la función pública”, dijo.
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