La indiferencia, la indigencia y la corrupción han mantenido a los pueblos periféricos subdesarrollados subordinados a las órdenes de caudillos y clanes carentes de intención para resolver problemas sociales, incapaces de reconocer realidades políticas universales y adeptos al abuso económico de sus respectivas naciones.
Los ejércitos en estos países empobrecidos han dependido de una relación de parasitismo simbiótico con los gobiernos fuertes o dictatoriales, dominados por las más oscuras ambiciones.
En Egipto, por ejemplo, desde 1981 hasta el año 2011, el Ejército mantuvo en el poder a la dictadura de Hosni Mubarak, dando la espalda —selectivamente— a los intereses y necesidades de la población en general. Ese escenario lo hemos visto en Libia, Cuba, Siria, Venezuela, Nicaragua, etc. En este último país lo vivimos con los Somoza y hoy lo sufrimos con el dominio de la dictadura conyugal Ortega-Murillo.
En contraste, las acciones patrióticas del Ejército de Honduras en 2009, ante las amenazas del presidente Manuel Zelaya al poner en riesgo claro y presente al Estado de Derecho y su actitud criminal de promover la distensión civil, dejaron ver como este organismo militar se apegó a sus valores institucionales, acató las órdenes de la Corte Suprema de Justicia y destituyó a Zelaya, protegió y defendió la Constitución, la paz y el honor de la República hondureña. De esa manera Honduras evitó el caos, la incertidumbre y la inminente lucha fratricida, de estricto acuerdo a los dictados constitucionales.
Ante la actual guerra civil en Siria, donde el Ejército funge como guardia pretoriana, el mundo observa —con impotencia— los inhumanos asaltos a la población civil. Con armas químicas de destrucción masiva, el gobierno de Bashar al-Asad diezma la vida de niños y ciudadanos inocentes. Lo peor del caso es que, en Siria, la oposición está en gran parte compuesta por similarmente crueles organizaciones terroristas. Esto inevitablemente nos recuerda el caso de la Nicaragua que emerge a finales de la década de 1970.
La experiencia de Egipto en 2011 ha dejado a la sociedad internacional temerosa de apoyar a la oposición siria y con ello de la eventual ascensión al poder de un nuevo gobierno presidido por “cruzados” terroristas.
Independientemente de cómo se resuelva la situación caótica de Siria, un nuevo orden debe tomar lugar en la forma y criterio con que se distribuye la ayuda militar internacional, con el propósito de lograr avances en esta era convulsionada por anarquía y terrorismo.
Tres puntos deben considerarse como base a la proposición anterior:
Primero. La efectividad de los programas existentes de financiamiento militar extranjeros, las operaciones pacificadoras y los programas de educación y entrenamiento militar patrocinados por los países donantes. En ciertos casos, estos son perjudiciales para la estabilidad de las naciones recipientes.
Segundo. El grado de compromiso de los países proveedores de ayuda militar de establecer los propósitos y dirección de sus aportes, la condición de transparencia e intencionalidad de las Fuerzas Armadas y su actitud ante la Constitución de cada país recipiente y el interés de la población civil.
Tercero. El papel de las organizaciones internacionales con respecto a la hipocresía de no reconocer que es en las Fuerzas Militares donde descansa —ulteriormente— el poder en las naciones no democráticas recipientes de ayuda militar.
Lo anterior es conducente a un modelo humanitario donde la ayuda militar debe resultar en el completo respeto a los derechos intrínsecos e inalienables; los que evidentemente incluyen: “La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” de los individuos y de todas las poblaciones del mundo.
El autor es economista y escritor.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
