Lucydalia Baca Castellón
El rápido envejecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) y los deteriorados salarios de los trabajadores son dos de las difíciles realidades que afrontará la próxima reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), advirtieron ayer economistas, quienes reconocen que el aumento en la contribución de los trabajadores será un golpe demoledor para la calidad de vida de la clase obrera.
También señalaron que aunque el pago de los casi 600 millones de dólares que hará el Estado al INSS dará un respiro a las agotadas finanzas del Seguro, este debe ir acompañado de la reducción de gastos.
Entre los egresos del Seguro que deben ser revisados y discutidos están las pensiones especiales y los gastos administrativos, así como el manejo de las inversiones que se hacen con los fondos de los cotizantes. Hasta la fecha se desconoce el manejo de esas inversiones.
Sobre el envejecimiento poblacional, el economista Adolfo Acevedo recuerda: “En la actualidad tenemos cerca de seis cotizantes por cada pensionado. Pero este número se reducirá a cerca de dos debido al proceso de envejecimiento poblacional, en virtud del cual los adultos mayores se multiplicarán por un factor de siete en las próximas seis décadas. Mientras las personas en edad productiva apenas se multiplicarán por 1.36”.
Eso por ello que el pago de la deuda debe ir acompañado, entre otros aspectos, por el incremento en las tasas de cotización y de cambios en la fórmula para el cálculo de las pensiones, con el fin de reducirlas, tanto en términos absolutos como de porcentaje del salario promedio de los cotizantes, dice Acevedo.
El también economista José Luis Medal, quien afirma desconocer la propuesta de reforma, estima oportuno que venga acompañada de una ley de salarios que establezca una política retributiva con base en criterios técnicos, porque existen “ciertas instituciones del Estado” que tienen un sistema de salarios y pensiones que no se corresponden con la realidad objetiva del país. Ello requiere una revisión integral de las finanzas públicas.
- 676,200 personas estaban inscritas como cotizantes al Seguro Social a julio de este año, según datos del Banco Central de Nicaragua. Se estima en casi tres millones de personas la PEA de Nicaragua.
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Para los expertos otra condición indispensable para alargar la vida viable del INSS, es que el Estado asuma las pensiones que ha creado por ley y que son menores al salario mínimo. Actualmente estas significan una partida de egresos de unos treinta millones de córdobas anuales que salen de los recursos de los asegurados. “Esto le quitaría una gran carga al INSS y comenzaría a crear las bases de un sistema de protección social universal para los adultos mayores”, asegura Acevedo.
Además, tomando en cuenta las características del mercado laboral nicaragüense es importante que junto al sistema de pensiones de los asegurados exista un aporte financiado por los impuestos, que complemente los beneficios a los adultos mayores que no completen las 750 semanas requeridas para recibir una pensión, que por haber tenido salarios muy bajos durante su vida laboral reciben una pensión mínima y a los que por la informalidad y otros motivos quedan fuera del sistema.
“Esquemas como este ya existen de alguna manera en más de ochenta países, incluidos la mayor parte de los de Centroamérica, y se corresponden con la Iniciativa Piso Básico de Protección Social”, explica Acevedo.
LA INFORMALIDAD
También el alto grado de informalidad laboral es un reto en la reforma al Seguro. Para el sociólogo Cirilo Otero ampliar la base de cotizantes también ayudaría a mejorar las finanzas del INSS. Pero atribuye a la “ineficiencia e ineficacia” de la institución que de los 2.4 millones de nicaragüenses económicamente activos, solo cerca del treinta por ciento esté asegurado.
Acevedo en cambio considera que “se trata de más de dos millones de personas, dispersas en cientos de miles de microunidades informales, imposibles de controlar y fiscalizar” y añade que además los microdatos de las Encuestas de Hogares muestran que los ingresos en este sector son más reducidos y menos estables.
“Esto significa que su incorporación, si bien podría mejorar por algún tiempo la relación cotizantes-pensionados, deterioraría, quizás drásticamente, la relación pensión promedio-salario promedio de los cotizantes. De tal manera que el impacto de dicha ampliación sobre las finanzas del INSS sería, en el mejor de los casos, indeterminado, y posiblemente negativo”.
Los expertos insisten en que sin el resto de medidas integrales, el pago de la deuda que ha prometido el Estado no sería fructífero. “Solo alcanzaría para extender la vida del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del INSS a lo sumo un par de años”, afirma Acevedo.
Además, lamentan que el dinero para pagar la deuda vaya a salir de los recursos públicos. Lo que significa que se seguirá sacrificando la inversión en capital humano e infraestructura básica, que requiere el sector productivo para asegurar el crecimiento de la economía.
Para Otero también “aunque desde la perspectiva de aporte al INSS sea correcto”, es lamentable que siendo la fuerza laboral más mal pagada de la región, se le vaya a aplicar un mayor gasto al salario de los trabajadores a través del incremento del porcentaje de la cotización. Actualmente el trabajador aporta al INSS el 6.25 por ciento de su salario, mientras que el empleador entrega el 16 por ciento.
Los sindicatos proponen elevar gradualmente en 1.77 por ciento el aporte de los asalariados y en 3.17 el de la patronal.
“Eso es algo que va a afectar considerablemente a los trabajadores. Los empresarios están de acuerdo porque para ellos va a significar poco, pero para los trabajadores desde la perspectiva del costo de la vida los va a afectar mucho”, afirma Otero.
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