César Úbeda Bravo
El empresario y amigo César Zamora —a quien conocí en la Embajada de Nicaragua en Washington cuando ambos trabajamos para el cuerpo diplomático nicaragüense— instó recientemente al Partido Liberal Independiente (PLI) a que se siente a negociar con el FSLN para la elección de los cargos vencidos en el Estado.
“Nosotros como sector privado creemos que es importante que se negocie y que los que tienen que negociar son los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional”, aseguró Zamora en un programa televisivo.
Sobre el tema de la permanencia de Roberto Rivas al frente del poder electoral, expresó que la oposición debe ceder en aras de alcanzar un acuerdo. “Es mejor tener a una o dos personas de probidad, conocimiento, apegada al derecho, que me represente ahí, que hoy no tengo”… “Si yo fuera Eduardo Montealegre tendría un mecanismo de genuino poder para al final apuntalar un proceso electoral que sea creíble para todos los nicaragüenses, eso es lo único que queremos”, manifestó.
Estoy de acuerdo con mi tocayo que el parlamento es el foro político por excelencia y que las fuerzas políticas deben negociar para buscar un acuerdo que garantice un árbitro electoral que sea aceptado por todos, que sea creíble para llevar a efectuar un proceso electoral que garantice que los votos de los nicaragüenses serán contados y que el resultado sea fiel a la voluntad de las mayorías.
Pero, discrepo en que al tener la denominada oposición a dos o tres magistrados en el poder electoral, garantizaría unas elecciones creíbles.
¿De qué serviría colocar a personas profesionales, probas y capaces si estarían en desventaja numérica y no tendrían acceso a información? ¿Qué incidencia tendrían más allá de denunciar que no les toman en cuenta en temas relativos al proceso electoral? Ninguna.
Recordemos que varios liberales que fueron electos en los cargos del Estado y que eran opositores en el poder electoral, al inicio realizaron denuncias. Fueron acorralados, discriminados y no eran invitados a las sesiones donde verdaderamente se tomaban decisiones de trascendencia para el país.
Todavía tengo fresco en la memoria, cuando estos opositores —un contralor y un magistrado del CSE— aparecieron en las pantallas de televisión empacando sus pertenencias anunciando que se apegaban a la Constitución y que por tanto dejaban sus cargos porque había concluido su mandato para el cual fueron electos.
Pero, como la calle está dura, a las pocas semanas regresaron a sus respectivos cargos amparándose en un decreto ilegal para seguir “sacrificándose y servirle al país”. El único que respetó la Carta Magna y que fue consecuente con sus valores y principios fue Sergio Cuarezma Terán, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Es decir, que no sería nueva la estrategia de la denominada oposición de tener a algunos magistrados para que estén “sobre la jugada” para realizar posteriormente denuncias de anomalías. Esa etapa ya pasó.
A los denominados opositores les pregunto: ¿Cuántos magistrados tenían en el Estado el Movimiento de Adultos Mayores para lograr el respaldo de los distintos sectores de la vida nacional y obligar al gobierno a negociar con ellos y reconocer sus justas demandas? ¿Se preocupaban por perder personería jurídica?
Si realmente los denominados opositores quieren hacer algo por recuperar la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho del país, tienen que pasar a la siguiente etapa: presión social en las calles.
Deben presentar propuestas en distintas áreas que sean mejores que las del gobierno. La sociedad nicaragüense ya está cansada del mismo cuento de la repartidera de cargos. Por eso la reciente encuesta de Borge&Asociados reflejó que un 31 por ciento cree que en Nicaragua hace falta un nuevo partido político de oposición al FSLN, mientras que un 32 por ciento espera que de crearse un nuevo partido político, sus dirigentes deben ser gente nueva que haya tenido poca participación en política.
Va a ser interesante conocer la posición oficial de Unidad por la República, (Unir) —donde está el PLI—, para conocer si está de acuerdo en el planteamiento de negociar los cargos vencidos o bien, como han dicho algunos integrantes de dicho movimiento, es el momento de ir a las calles para ejercer presión al gobierno. El autor es periodista.
