BUENOS AIRES/AP/EFE
El Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, acoge hoy la celebración de una audiencia pública informativa, con la que la Corte Suprema de Justicia afronta la recta final para expedirse definitivamente sobre la Ley de Medios, que tiene en una áspera batalla judicial desde 2009, cuando fue aprobada al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a Clarín, el mayor grupo de medios del país.
Los litigantes de ambas partes tendrán la última oportunidad para esgrimir sus argumentos ante el alto tribunal, que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de cuatro artículos de la ley. La batalla se centra en el artículo 45, que fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 por ciento del mercado en cobertura de televisión de aire e igual porcentaje de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Clarín, el grupo más afectado por la ley, cuestiona su constitucionalidad. Este grupo es propietario del diario Clarín, el de mayor circulación regional, y una serie de canales de televisión, entre otros.
El acatamiento de la ley por parte de Clarín es una suerte de reto personal para Fernández, que sostiene que el grupo mediático intentó “destituirla” en 2008, tal como le dijo a su biógrafa, cuando respaldó las protestas de productores agropecuarios contra la decisión oficialista de aumentar los impuestos a las exportaciones de soja y de otros granos, que se frustró.
Fernández actualmente enfrenta su peor momento con el poder judicial ya que achaca a los jueces privilegios injustificados.
Según Martín Becerra, experto en comunicación, voces oficialistas admiten que Fernández, “al encarar como prioritaria esta batalla (con Clarín), descuidó el termómetro de lo que realmente le importa a la sociedad”, como la inseguridad y la inflación, considerados los principales problemas del país, según encuestas.
El Grupo Clarín llega golpeado pues, según Becerra, en el conflicto y “reveló sus intereses económicos, además de tener su prestigio periodístico lesionado”, en parte por sus continuas críticas al gobierno y porque son vistos por ciertos sectores sociales como un órgano de oposición más que como medio imparcial.
Según Clarín, la norma limita “arbitrariamente” las licencias que no usan el espectro radioeléctrico, como las relacionadas con la televisión por cable (de pago), uno de sus negocios más lucrativos. También cree que el artículo 45 viola su derecho de propiedad al obligarlo a desprenderse de señales audiovisuales y que propicia una inestabilidad económica que no podría afrontar, mientras permite a las compañías de televisión satelital y de telecomunicaciones llegar a 2,200 ciudades, cuando a las de cable solo les permite llegar a 24.
También cuestiona que permita a las empresas estatales de televisión tener cobertura en todo el país, mientras a los actores privados les da “solo 35 por ciento del mercado”.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
