El pueblo nicaragüense, de diferentes maneras, venía demandando a los sectores democráticos del país que se unieran en un frente común para detener, por medios cívicos, el avance del proyecto dictatorial orteguista.
Dar una respuesta cívica a esta exigencia ciudadana se había constituido en un imperativo ético y patriótico para los demócratas nicaragüenses, pues ya era hora de superar el fraccionamiento y de constituir una sólida unidad que se proponga restablecer las instituciones democráticas y republicanas demolidas, ladrillo a ladrillo, por el régimen orteguista.
Recuperar la república es un anhelo compartido por la inmensa mayoría de los nicaragüenses, que nos encontramos bajo un sistema de concentración de poder jamás antes visto en nuestra historia, y que ha sido capaz de entregar la soberanía nacional en el vergonzoso e inconstitucional Acuerdo Ortega-Wang Jing.
El martes 20 de agosto está llamado a pasar a nuestros anales como un día histórico, pues es el día en que partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y organismos sindicales, en un novedoso aglutinamiento político-social de voluntades, decidimos comprometernos a forjar una amplia, pluralista e incluyente Unidad por la República, sobre la base del consenso, la representación igualitaria y el respeto a la identidad de cada uno de sus integrantes, como alternativa política democrática frente al proyecto dictatorial orteguista.
No cabe duda que el fuerte impacto que produjo en la conciencia patriótica de los nicaragüenses la apresurada aprobación de la inconstitucional Ley 840 y la posterior firma del oprobioso Acuerdo Ortega-Wang Jing, actuó como un detonante que aceleró el proceso de unidad en el que distintas organizaciones políticas y sociales venían trabajando.
La Unidad por la República estima que la única manera de lograr un auténtico desarrollo económico, social, humano y sostenible, es mediante el establecimiento de la institucionalidad democrática republicana. Solo así se podrán superar seriamente los flagelos de la pobreza y el desempleo, que golpean principalmente a los sectores más débiles de nuestra sociedad.
El restablecimiento del Estado de Derecho, base esencial de la democracia, es el punto de partida indispensable para lograr ese propósito, lo que implica la separación e independencia de los poderes del Estado, la recta aplicación de la justicia y el pleno respeto a los derechos civiles, políticos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense.
La Unidad por la República, en su Acta Constitutiva se compromete firmemente a lograr estos objetivos, así como “hacer prevalecer el respeto al derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos en cargos de elección popular y por la elección, en todos los poderes del Estado, de personas idóneas capaces y solventes moralmente, de manera que los funcionarios públicos no representen a partido político alguno y ejerzan sus funciones con autonomía, independencia y profesionalismo”.
La Unidad por la República también se compromete a erradicar de su práctica política el caudillismo, el personalismo, el hegemonismo y el nepotismo, los pactos y prebendas.
Anular y desconocer el Acuerdo Ortega-Wang Jing, cuando cambien las circunstancias políticas dictatoriales, y derogar las leyes inconstitucionales que lo autorizaron, es otro compromiso de la Unidad.
La Unidad por la República se propone estar junto a las justas reivindicaciones sociales de los diferentes sectores del pueblo; promover un plan de acción cívica cuyo protagonista sea la ciudadanía, fomentando la participación de los jóvenes y las mujeres, estimulando los liderazgos locales y formando capítulos en todo el territorio nacional para permitir la más amplia participación de la ciudadanía.
En vez de forjar la Unidad en torno a un caudillo, el propósito es construirla sobre la base de una propuesta de Plan de Nación, debidamente consensuado, que permita el desarrollo integral que todos ambicionamos. El autor es jurista, educador y escritor
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