Hoy se cumplen veinte años del secuestro de la Unión Nacional Opositora (UNO). El 20 de agosto de 1993, el entonces vicepresidente de la República, doctor Virgilio Godoy y 35 personas más entre miembros del Consejo Político de la UNO, diputados a la Asamblea Nacional y personal de apoyo político y administrativo, fueron secuestrados durante una semana en la sede de esa alianza política por un comando de exmiembros del EPS y de la Seguridad del Estado sandinista. Hoy, en memoria de aquel episodio histórico algunos de los exsecuestrados participarán en una misa de acción de gracias, que se oficiará a las 6:00 de la tarde en la iglesia de El Carmen, de Managua.
En la misma fecha del secuestro de la UNO, otro comando sandinista asaltó Radio Corporación y destruyó sus equipos de transmisión, para silenciarla. También en esos días un comando de Contras había secuestrado en Caulatú, Quilalí, Nueva Segovia, a 41 personas entre las que había funcionarios del gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro, diputados del FSLN y miembros del Ejército Popular Sandinista. Y apenas un mes antes, otra banda de paramilitares armados, formada por desmovilizados del Ejército Popular Sandinista y de la Seguridad del Estado de la dictadura del FSLN, se tomó la ciudad de Estelí y saqueó los bancos de la localidad.
Pero aquellos hechos violentos fueron solo algunos de los capítulos más críticos de la angustiosa transición de la dictadura sandinista a la democracia, por la cual votó la mayoría de los nicaragüenses en las elecciones del 25 de febrero de 1990. Una transición que es definida por los tratados políticos como un período de duración indefinida e inevitablemente de mucha inestabilidad, a menudo violento, porque es la lucha enconada entre un régimen derrotado que se resiste a abandonar el escenario histórico, y el novel gobierno, que ha triunfado pero todavía no se ha consolidado ni tiene fuerza suficiente para hacer que prevalezcan las nuevas reglas del juego.
“Gobierno desde abajo”, llamaron Daniel Ortega y el FSLN a aquel convulso período posterior a la derrota electoral sandinista. En la práctica significó una sucesión de asesinatos políticos, como los del antiguo comandante militar de la Contra, Enrique Bermúdez, y el dirigente de los confiscados por el sandinismo, Arges Sequeira; de huelgas violentas y asonadas callejeras; de secuestros colectivos y otras acciones extremistas contra el nuevo gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, el cual, con una gran voluntad de reconciliación y convirtiendo su propia debilidad en fuerza, impulsaba la triple transición: de la guerra a la paz, de la dictadura a la democracia y de la economía de Estado al sistema de libre mercado.
Pero no fueron los asesinatos políticos, ni los secuestros, ni las acciones armadas y violentas en general los que frustraron la transición democrática. Con sus luces y sus sombras, errores y aciertos, el gobierno transicional de doña Violeta cumplió su misión y el 10 de enero de 1997 entregó el Ejecutivo a otro gobierno elegido por el pueblo y los demás poderes del Estado integrados por una mayoría democrática. Fue por el pactismo y la deslealtad a la democracia de los gobernantes sucesores de doña Violeta, que se abortó la transición democrática y Ortega volvió al poder para crear el frankenstein político autoritario que domina ahora a Nicaragua.
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