Rezaye Álvarez M.
La Comisión Económica para America Latina de las Naciones Unidas (Cepal) realizó un estudio que plantea la necesidad en Latinoamérica de crear políticas estatales que cumplan la doble función del Estado de proveedor de servicios públicos adecuados y a su vez como garante del ejercicio de derechos a la niñez en su primera infancia.
Titulado “Bienes públicos regionales para la atención integral a la primera infancia: Lineamientos comunes, garantías mínimas y protocolos regionales”, el estudio fue realizado por Margarita Griesbach Guízar.
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GARANTÍAS PARA NIÑEZ
A nivel regional, los Estados padecen dificultades similares sobre este tema, por lo que para Griesbach es necesaria “la búsqueda del desarrollo de instituciones sustitutivas del Estado, me refiero a que en un órgano de asistencia o especializado en infancia buscar concentrar las funciones que para un adulto emplee un estado completo”.
Estas funciones van desde la salud y educación, hasta la garantía de que si un niño requiere de representación en un juicio, complementario al cuidado que le brinda su familia, tiene que haber un actor institucional público capaz de actuar como verdadero representante del niño.
Griesbach indicó que “así como para el mundo adulto, para la infancia, estas necesidades no las puede satisfacer una sola institución. Se requiere la trasversalización del tema de infancia dentro de todas las instituciones del Estado”.
PARÁMETROS MÍNIMOS
Más allá de considerar la posibilidad de estandarizar los requerimientos para que el Estado garantice todos estos derechos a la infancia a nivel regional, según Griesbach, primero se debe buscar establecer parámetros mínimos.
“Incluso no solo llegar a estandarizar requerimientos en protocolos específicos, sino la existencia misma de protocolos, (porque) en la mayoría de los países estos protocolos no existen. Entonces, ni siquiera estamos en el punto de ver si nos ponemos de acuerdo para estandarizar los niveles mínimos, sino la misma existencia de niveles mínimos sería un gran paso”, expresó Griesbach.
Ella destacó que el establecimiento de parámetros y protocolos no es una tarea tan compleja, “porque los parámetros mínimos se vinculan con obligaciones que los Estados de la región ya han adquirido. Ya no se trata de convencer a nadie de que adquiera una nueva obligación”, apuntó.
INSUFICIENTE INVERSIÓN
En cuanto a la inversión social necesaria para cumplir las garantías y la sostenibilidad de los órganos de asistencia, Griesbach aseguró que “la inversión es insuficiente, pero en parte es insuficiente porque se percibe como una inversión exclusivamente adicional y distinta al ejercicio de presupuestos ordinarios de las distintas instituciones”.
Griesbach afirmó que hay oportunidades de movilización de recursos comunitarios y empresariales “que pudieran aprovecharse de manera más eficientes a favor de la infancia”.
Además, esta oportunidad “no solo se presenta como una estrategia de sostenibilidad económica interesante, sino que se vincula con la integralidad en la atención que necesita la niñez”.
“Porque cuando la comunidad se hace parte de la atención a la primera infancia, los beneficios directos para el desarrollo infantil son notables”, puntualizó Griesbach en su estudio.
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