Susana Samhan
El Cairo/EFE
El nuevo Gobierno egipcio debería reformar los cuerpos de seguridad del país, que siguen actuando como lo han hecho durante décadas desde el régimen de Hosni Mubarak y han ejercido un uso excesivo de la fuerza en los últimos disturbios, según Amnistía Internacional (AI).
En una entrevista a Efe, la investigadora de AI Diana el Tahawy, que ha trabajado en Egipto durante el último mes, destacó que desde el pasado 30 de junio unas 300 personas han muerto en choques entre partidarios y detractores del depuesto presidente Mohamed Mursi, derrocado por el Ejército el 3 de julio pasado.
Durante los disturbios, «las fuerzas del orden o bien llegaron demasiado tarde, o adoptaron una postura parcial y apoyaron a una de las partes», destacó El Tahawy.
La analista recordó que los efectivos de seguridad se han comportado por encima de la ley y han cometido graves violaciones de derechos humanos durante décadas, desde el régimen de Hosni Mubarak (1981-2011), que los empleaba para reprimir a sus opositores.
«Mursi desperdició la oportunidad de reformar las fuerzas de seguridad y de destituir a los responsables de violaciones serias de los derechos humanos -agregó El Tahawy-. Ahora sus seguidores son quienes pagan las consecuencias de su fracaso y de que les permitiera seguir operando con impunidad».
En ese sentido, precisó que manifestantes islamistas han sufrido arrestos arbitrarios en las últimas semanas, y que los detenidos no tienen acceso a abogados y, en ocasiones, los cargos que se les imputan no están claros.
Incluso el propio Mursi y algunos de sus asesores, retenidos por el ejército en un lugar desconocido, no han podido ver a un letrado y sus familias no pueden visitarlos, dijo El Tahawy.
En opinión de la investigadora, las nuevas autoridades de transición deberían primero ordenar a los cuerpos del orden que no usen la fuerza a no ser que sea imprescindible, antes de acometer un cambio profundo en ellos.
«Hemos visto que la inmunidad de la que disfrutan los servicios de seguridad les da la sensación de que están por encima de la ley», indicó El Tahawy, que insistió en que la mayoría de los agentes juzgados por la muerte de manifestantes desde la revolución de 2011 han sido absueltos.
Por otro lado, la investigadora afirmó que tanto los seguidores como los detractores de Mursi disponen de armas y han recurrido a la violencia en manifestaciones en distintos puntos del país, como en El Cairo, Alejandría (norte) y Mansura (norte).
En el caso de los islamistas, «sabemos que los seguidores de Mursi han mantenido cautivos a supuestos opositores (al depuesto presidente), a los que en algunos casos han golpeado», subrayó.
La experta explicó que el personal de la morgue de la capital egipcia les ha comunicado que en la última semana recibieron ocho cadáveres con señales de haber sido torturados y que fueron encontrados en las acampadas de los islamistas.
«El Gobierno debe perseguir todos los crímenes de la misma manera y traer a los responsables a la justicia», consideró El Tahawy, que, no obstante, advirtió de que esas acusaciones «no deberían ser pretexto para castigar de forma colectiva a los manifestantes pro Mursi».
Otro de los asuntos que preocupan a El Tahawy y que, a su juicio, no ha recibido suficiente atención han sido los asaltos sexuales a mujeres en las inmediaciones de la plaza Tahrir durante el mes pasado.
La analista recordó que, según los datos de activistas y voluntarios, unos 200 casos de agresiones sexuales a mujeres fueron registrados en tan solo una semana a principios de julio.
El Tahawy remarcó la necesidad de que las autoridades de transición condenen esos ataques y diseñen una estrategia conjunta con organizaciones proderechos para hacer evitar que vuelva a ocurrir.
«Hasta ahora no se ha hecho frente a la violencia contra las mujeres porque no se considera una prioridad», lamentó El Tahawy.
