Agustín Jarquín Anaya fue despojado de su mandato de diputado a la Asamblea Nacional por “traicionar” al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Eso es lo que alega el Consejo Supremo Electoral (CSE) para justificar la destitución de Jarquín, a pesar de que este nunca ha sido miembro del FSLN, solo su aliado social cristiano en la denominada Convergencia Nacional.
Como diputado aliado del FSLN Jarquín formaba parte de la bancada oficialista, sin embargo, por discrepancias con el orteguismo se pasó a la opositora Bancada Democrática Nicaragüense. Pero en Nicaragua el transfuguismo político no es prohibido por la Constitución ni la Ley. Se recuerda que en el período legislativo anterior, dos diputados que fueron elegidos en las listas del MRS se pasaron a la bancada del FSLN, pero entonces el CSE no intervino simplemente porque no tiene competencia legal para inmiscuirse en eso. A los diputados, después de ser elegidos y tomar posesión de sus cargos solo los puede destituir la Asamblea Nacional y por causas expresamente señaladas en la Constitución Política de la República.
En realidad, el FSLN y Daniel Ortega más bien deberían agradecer a Agustín Jarquín y su partido socialcristiano, porque les ayudaron a lavarse la cara, a presentarse como nuevos demócratas y aparentar que habían renunciado al totalitarismo. Esa ayuda contribuyó de alguna manera a que Ortega pudiera recuperar el poder en noviembre de 2006, pero en el político totalitario no hay hidalguía ni conoce el agradecimiento por los favores recibidos. Los totalitarios creen merecerlo todo, consideran que quien les hace un servicio o favor está obligado a hacerlo y que más bien debe sentirse honrado por servirle al régimen, al partido y al caudillo todopoderoso. De allí que cuando el aliado, por la razón que sea deja de apoyar al caudillo y al partido totalitario, entonces lo califican como traidor y lo sentencian a la muerte civil, política, parlamentaria en este caso, ya que no lo pueden liquidar físicamente.
Lo que ha hecho el CSE, sin duda que por orden de Daniel Ortega y del FSLN, al despojar al dirigente socialcristiano Agustín Jarquín de la diputación que obtuvo en las elecciones del 6 de noviembre de 2011, es un caso típico del llamado “totalitarismo soft”, o suave. Así se le llama a la nueva modalidad de régimen totalitario, que persigue los mismos objetivos que el totalitarismo clásico y duro pero no se impone por medio del terror y el exterminio, sino utilizando como instrumentos de represión y castigo las instituciones y leyes de un Estado pseudodemocrático.
En realidad, no solo la arbitraria y vengativa destitución de Agustín Jarquín demuestra el “totalitarismo soft” de Daniel Ortega. Son muchas las acciones totalitarias de ese tipo que el orteguismo viene ejecutando de manera sistemática, como las palizas “dosificadas” a opositores, el asesinato solapado de campesinos adversos al Gobierno, los atropellos policiales, incluso la destitución de una diputada sandinista por haber discrepado tibiamente en la aprobación del tratado canalero vendepatria, y muchas otras más que es prácticamente imposible enumerar en este espacio.
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