La semana pasada, el problema de los alzados en armas —o “bandas delincuenciales” como los llama el Ejército— estuvo presente de manera intensa en los medios de comunicación independientes.
El tema cobró renovado interés por la presentación ante un organismo de derechos humanos y medios de comunicación, de la esposa de uno de los insurgentes —o “delincuentes”, según el lenguaje oficial—, quien resultó herido en un combate con el Ejército en el cual murieron un soldado y otro de los irregulares. La esposa del herido y un hermano de este que la acompañaba, denunciaron que el Ejército ha desatado una represión indiscriminada contra familiares de los alzados y rechazaron el calificativo de bandas delincuenciales que les dan los militares. Después, durante un debate sobre este tema en un programa de televisión nacional, llamó por teléfono un presunto comandante de los alzados contra el Gobierno, para explicar las razones políticas de su lucha armada.
Ante esta situación, al responder preguntas de los periodistas los obispos Leopoldo Brenes y Silvio Báez se pronunciaron, una vez más, a favor del diálogo para resolver los conflictos políticos y evitar que la violencia armada vuelva a ensangrentar a Nicaragua.
En realidad, si es cierto que los nicaragüenses armados que operan en las montañas norteñas son guerrilleros, ese hecho no lo puede cambiar el Gobierno calificándolos como delincuentes. Prácticamente todos los gobiernos califican como criminales a quienes se alzan en armas por motivos políticos. A Sandino lo llamaban bandolero y el somocismo calificó como delincuentes a todos los nicaragüenses que se alzaron en armas contra la dictadura. En China, Corea del Norte, Cuba y Venezuela, para mencionar solo algunos casos, las cárceles están llenas de presos políticos que, sin embargo, de manera oficial no existen como tales, pues todos son fichados como delincuentes comunes, o trastornados mentales, porque supuestamente oponerse al totalitarismo es una locura.
Para los medios de comunicación independientes resulta prácticamente imposible verificar en el terreno si los armados son guerrilleros, como dicen ellos, o delincuentes comunes, como sostiene el Ejército. Sin embargo, los obispos del norte de Nicaragua, que son personas confiables y creíbles, vienen señalando desde hace varios años que sí hay alzados en armas en las montañas del norte, y han exhortado al Gobierno a que en vez de tratar de exterminarlos propicie el diálogo y trate de resolver el problema de manera pacífica.
En la actualidad, la lucha armada para dirimir conflictos políticos o como medio para alcanzar el poder parece un anacronismo. Pero si las dictaduras han podido regresar con distintas formas, la lucha política armada también podría volver con otras modalidades. No obstante, por mucho que el sistema electoral haya sido pervertido y por ahora esté descartado como medio para lograr el cambio pacífico de gobierno, siempre existe la posibilidad de que mediante la lucha cívica se pueda reabrir la vía electoral. Es tanta la sangre de hermanos que se ha derramado en Nicaragua, por razones políticas, y es tan pesada la carga emocional y material que han dejado las luchas armadas del pasado, que bien vale la pena hacer todos los esfuerzos posibles para que esas dolorosas experiencias no se vuelvan a repetir.
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