Elízabeth Romero
Los jóvenes robados y agredidos en las inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se plantaron por unos minutos frente a Plaza El Sol, para exigir una respuesta a su denuncia por el robo y agresión que sufrieron el pasado 22 de junio, que ayer cumplió un mes.
El segundo jefe de Relaciones Públicas de la Policía, comisionado César Cuadra, solo ofreció remitir el pronunciamiento que dejaron en esa oficina.
Luciana Chamorro, una de las víctimas, criticó el silencio que hasta ahora ha mantenido la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, pese a una carta que ella le dirigió primero de forma personal y luego pública.
“Yo sigo esperando una contestación”, aseguró Chamorro quien sostuvo: “Ese silencio también implica complicidad”.
En el pronunciamiento los jóvenes señalan que la agresión física y psicológica ocurrió en presencia de más de treinta oficiales de la Policía Nacional.
Recuerdan que siete automóviles fueron robados. Para Gonzalo Carrión, funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos “todo estaba planificado”.
Él consideró que la Fiscalía tiene el desafío de esclarecer esa situación, pues a su criterio, la Policía sabe donde están esos vehículos, pero no hace nada.
Para la presidenta de Cenidh, Vilma Núñez, el principal problema en materia de derechos humanos es la impunidad con que quedan todas las acciones violatorias de derechos humano cometidas desde el Gobierno.
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