Elízabeth Romero
Ana María Martínez, madre de Militza Martínez, la joven becaria que regresó en lamentable estado de salud de Venezuela donde estudiaba Medicina, reaccionó inconforme ayer por lo que considera ha sido un “boleo” de parte de las autoridades de la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR).
Martínez manifestó que ante una solicitud de ella y organizaciones defensoras de mujeres, para ser atendidas por el fiscal Julio Centeno, ayer la recibió la secretaria ejecutiva, Delia Rosales, quien las remitió a la PGR, porque según les explicó le compete el trámite de su denuncia.
Rosales les dijo que toda la información la tiene la PGR, que no les ha remitido nada. Martínez considera que con esto la Fiscalía está desligándose del caso.
En la PGR una funcionaria de apellido Granado les alegó que no le podían proporcionar información. “No hay voluntad, es una burla tremenda (…) en Nicaragua los únicos que gozan de privilegios son los violadores y a las víctimas las hacen más víctimas todavía”, criticó Martínez.
“Lo peor es que están dejando morir a mi hija, no hay atención, no hay ayuda médica, no hay nada”, se quejó Martínez.
La funcionaria del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marjorie Rodríguez, refirió que aunque de manera diplomática, la funcionaria asumió una posición “insensible” con la situación de Martínez que lleva más de un año a la espera de justicia.
Rodríguez dice que le señaló a la fiscal Rosales que la Convención de Asistencia Mutua establece que es el Ministerio Público la institución que le corresponde dar seguimiento al caso, pero ella las mandó a revisar las normas que aplican.
