Elízabeth Romero y Roy Moncada
En menos de un año grupos de choque afines al oficialismo han sido trasladados en camiones de la Alcaldía de Managua para agredir a jóvenes que hacen algún tipo de reclamos. El más reciente fue el 22 de junio pasado en las inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pero la alcaldesa inconstitucional Daysi Torres aparenta no darse cuenta.
“Lo que son camiones, lo que son trabajadores, esos están para trabajar en todas las obras y los proyectos que se ejecutan en la capital, que son para bienestar de la población”, reaccionó Torres.
Las declaraciones de Torres fueron vertidas después que por cinco años consecutivos le volvieron a entregar la tajona como mayordoma de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, donde fue abordada por los periodistas.
La versión de Torres es desmentida con las fotografías y vídeos tomados la madrugada de ese día, donde se aprecia cómo los vándalos bajaron de los vehículos de la Alcaldía para repartir golpes y robar carros, celulares, computadoras portátiles y tabletas, mientras los agentes policiales eran solo espectadores.
Además, según los afectados, los encapuchados después de robar se repartieron el botín y se volvieron a subir en los camiones de la Alcaldía que los llevaron a los planteles de esa institución.
Al hablarle a Torres sobre las pruebas existentes, esta trató de librarse diciendo que no las ha visto, pero que igual ningún camión salió de los diferentes planteles de la comuna.
Carlos Jarquín, de la Mesa de Concertación, considera que al igual que pasó con ellos, el caso del 22 de junio quedará en la impunidad.
Carrión prefirió darle un voto de confianza a la Fiscalía que investigará la denuncia.
No obstante, reconoció que es real la tendencia a la impunidad así como existe el riesgo de que las víctimas no encuentren solución por medio del estado de derecho, pero le estarían echando más leña al fuego y a la precaria forma de convivencia pacífica.
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De esto hubo una denuncia en la Policía, en la propia Plaza El Sol a escasos metros de donde ocurrió la agresión y ante la Fiscalía, pero la misma ha quedado en el olvido. Esto porque dijo “la justicia está secuestrada” por el partido de gobierno.
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Al director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, no le sorprende la respuesta de Torres. Pero recordó que todo está grabado, a menos que cambien los vídeos que ya deben estar en poder de la Policía, pero que también han sido publicados a través de medios de comunicación y redes sociales.
IGUAL QUE HACE UN AÑO
La situación del 22 de junio no difiere de la ocurrida el 19 de julio del año pasado, cuando según Carlos Jarquín, por la llamada Mesa de Concertación, unos veinte jóvenes de varias organizaciones que permanecían en la llamada “Champa de la Dignidad”, frente al Consejo Supremo Electoral (CSE), al amanecer de ese día fueron atacados por las “turbas orteguistas financiadas por la Alcaldía de Managua” que fueron llevadas en camiones para desalojarlos.
En esa ocasión, igualmente los grupos de choque, unos encapuchados, portando armas de fuego y vestidos con camisetas de la Juventud Sandinista, fueron trasladados en cuatro camiones de la Alcaldía, confirma Jarquín.
El 19 de julio el grupo de veinte jóvenes que protestaba frente al CSE, donde “nuestra demanda era justa”, fue sorprendido por unos 300 hombres que los rodearon.
“Ese día fue algo de terror que no lo esperábamos. No podíamos resistir veinte contra 300”, recordó Jarquín, quien critica que los funcionarios de la comuna utilizan el dinero del impuesto de los managuas para vapulear a la población.
LO DENUNCIARON EN LA FISCALÍA
En el caso reciente de los jóvenes que acompañaban a los adultos mayores en los alrededores del INSS, el Cenidh brindó acompañamiento a 14 de ellos que decidieron denunciar en la Fiscalía. Las instituciones denunciadas por las víctimas de la agresión y robo fueron la Policía Nacional, la Alcaldía de Managua y las autoridades de gobierno, a quienes ellos responsabilizan directamente por las agresiones, robos, torturas y encarcelamiento arbitrario a los que fueron sometidos por grupos paramilitares. Esta ocurrió cuando apoyaban la protesta de miembros de la Unidad Nacional de Adulto Mayor (UNAM) en su demanda al gobierno del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, por su pensión reducida de vejez.
Y en su relato de los hechos , los afectados denunciaron que como a eso de las 4:00 a.m. de ese día, camiones de la Alcaldía de Managua llevaron a más de 200 encapuchados, que los rodearon y agredieron brutalmente en la zona del costado sur del edificio central del INSS, confirmó el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión.
Todavía nosotros alcanzamos a ver camiones de la Alcaldía que estuvieron “en el eslabón de toda una operación… camiones de la Alcaldía andaban ya haciendo operación limpieza”.
“Es todo un operativo, los encubiertos por la oscuridad y los pasamontañas, trasladados en los camiones que allí están en los vídeos que ya deben estar ocupados por la Policía (…) allí se ven circular los camiones”, señaló Carrión.
El defensor de derechos humanos señaló que lo ocurrido el 22 de junio fue igual a lo que enfrentaron los de la “Champa de la Dignidad”, frente al Consejo Supremo Electoral.
“Es el mismo modus operandi”, dijo Carrión, quien refirió que los dos casos tienen las mismas características. Grupos de choque amparados en la oscuridad de la madrugada, trasladados en camiones de la comuna, agredieron y robaron a sus víctimas en presencia de los uniformados.
Posteriormente apareció la Alcaldía con sus camiones haciendo obras de limpieza, dijo Carrión. “Todo bien organizado, una acción primera turbia, de terror, y después a la luz del día la obra amorosa de limpieza de todo en paz”, refirió el defensor de derechos humanos.
Además consideró Carrión que ambos casos son parecidos en cuanto a las víctimas, opositores o ciudadanos que ejercen derechos, y los agresores en una acción muy parecida paramilitarismo en “las narices” de la Policía “con sus agentes allí, camiones del Estado, a la oscuridad para aplastar, para golpear, todo parecido” .
Los jóvenes agredidos el 22 de junio presentaron su denuncia individualmente y demandaron una investigación autónoma de la Fiscalía, apegada al profesionalismo que les obliga la ley.
En su informe el Cenidh señaló que, en la denuncia presentada ante ese organismo los jóvenes coincidieron ante la Fiscalía que identificaron tres grupos de atacantes, uno que les robaba, otro integrado por jóvenes que les persuadían abandonar el lugar; y un tercer grupo que vestían pantalones azules, botas militares y que les aplicaba “técnicas de inmovilización o llaves propias de la técnica policial” para retirarlos del lugar, además de intimidarlos de forma verbal.
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