Elízabeth Romero
La ausencia del Estado de Nicaragua a una audiencia privada, a la que fue citado el 28 de mayo, le valió a los representantes del gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega un llamado de atención por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no atender su llamado.
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La comunicación escrita enviada por ese tribunal fue por la inasistencia al seguimiento de la sentencia en el caso de Yatama.
La CIDH le urgió al Estado de Nicaragua un informe sobre su cumplimiento.
Para el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Norwin Solano, con el texto del tribunal le dice al Estado de Nicaragua que está obligado a comparecer cuando la Corte lo llame, porque para eso aceptó la jurisdicción. Y con su inasistencia, el país viola acuerdos entre Estados que le dan el poder a ese tribunal para citarlo ante denuncia o caso de violación de derechos humanos.
Y también le dice con esa carta que ese tribunal está en la facultad de informarlo ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), de que Nicaragua no implementa las resoluciones de la Corte, o no atiende los llamados que le hace para darle seguimiento a la sentencia o para que pueda explicar su falta de cumplimiento.
De exponer el caso la CIDH en la asamblea general, expondría al Estado de Nicaragua a un pronunciamiento sobre el tema, donde podría salir exhortado a cumplir la resolución de ese tribunal, refiere Solano.
En 2005, el Cenidh elevó el caso de Yatama a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció a favor de la organización indígena. El Estado cumplió parte de la sentencia, menos en lo concerniente a reformas electorales.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A
