Un régimen “democrático” que controle y amenace con sancionar a los medios de comunicación por decir la verdad, no es democrático. Una sociedad que permita que la prensa se someta a guardar silencio, se vuelve cómplice por omisión.
Latinoamérica atraviesa por épocas difíciles para quienes ejercen el oficio de periodista. Los que generan opinión y defienden la libertad de prensa con responsabilidad, sienten una mordaza apretando su boca.
Han pasado varios días y es poco lo que se dice y se hace con respecto a la ley establecida en Ecuador por el régimen de Rafael Correa. El plan es una variante de la censura, control y persecución a los medios de comunicación por parte del chavismo venezolano, donde el Gobierno mantiene bajo amenaza la libertad de expresión. El presidente Correa, respaldado por una gran parte del pueblo que parece estar a gusto con su estilo socialista, ha resuelto atar las manos y amordazar a los periodistas con esa ley que será usada para alinear al gremio al régimen.
El Consejo de Regulación de Medios tendrá atribuciones en materia de acceso a la información y la Superintendencia de Comunicación se encargará de “vigilar, auditar, intervenir y controlar” la actuación de los medios. Estas leyes fiscalizadoras y censuradoras incluyen figura como la del “linchamiento mediático”, que consiste en castigar “ataques” en los medios para “menoscabar” la imagen de personas e instituciones.
Es cierto que algunos medios de comunicación en ocasiones se exceden, convirtiéndose en juez y parte y juzgan en la picota pública sin considerar el lado humano, pero el deber del Gobierno es garantizar a los que integramos el Estado, que seamos informados y podamos generar opinión. Eso es libertad.
No hay nada más saludable para una democracia que una prensa autónoma y garante de la justicia social.
Los ciudadanos no son bobos para dejarse meter atole con el dedo o permitir engaños, más aún ahora cuando las redes sociales marcan la pauta de las noticias. Los gobiernos no tienen el poder para censurar el rumor urbano.
Otro frente de la epidemia de intervención estatal contra la información en Latinoamérica es la compra, por parte de los regímenes, de canales de televisión, periódicos y emisoras, a través de terceros o descaradamente adquiridos por quienes gobiernan el Estado. Es una práctica al estilo cubano, seguida por el chavismo en Venezuela y copiada por el sandinismo en Nicaragua. Daniel Ortega controla medios de televisión, internet y emisoras de radio. Se sabe que algunos han sido adquiridos con fondos de la cooperación venezolana.
Otros usan la amonestación. En Perú, el presidente Ollanta Humala, comenzó a echar indirectas. Hizo un llamado a la prensa, argumentando una “campaña de valores”, para que destinen 15 minutos a dar noticias positivas del país. Su gobierno sería el revisor.
Los gobiernos usan la asfixia financiera y la intimidación empleando los poderes públicos controlados por el sistema.
Amparados en proteger la democracia, esos gobernantes pretenden amordazar a la prensa. Si la sociedad lo permite, tendrán que prepararse para tiempos muy oscuros. El autor es periodista colombiano.
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