Danilo Martínez
La mejor manera de calificar el tipo de gobierno de un pueblo es examinando el modelo de Derecho Penal que implementa. Los gobiernos democráticos propugnan por un Estado Social de Derecho donde el Derecho Penal es Garantista. Pero si su esencia es antidemocrática, promueve el derecho penal del enemigo, escuela que tuvo su origen en Alemania y su principal exponente fue el señor Gunter Jakob.
El derecho penal del enemigo, entre sus principales características, fragmenta la sociedad, otorgando mayor protección jurídica a un segmento que a otro, al cual degrada, humilla y reduce a enemigo.
La Ley 779 viene precisamente a desconocer los derechos fundamentales de los hombres y privilegiar los derechos de las mujeres. Es un Estado de Emergencia para la mitad de la población. El arto. 34.2 Cn establece que “no hay fuero atractivo. Nadie podrá ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción”. Claramente el juez especializado en violencia contra la mujer es inconstitucional, por cuanto el hombre es llevado ante este juzgador por su simple condición de hombre, puesto que cuando comparece apenas es un presunto infractor.
¿Dónde estriba la desigualdad procesal e inconstitucional de la ley? Cuando un hombre delinque contra una mujer es llevado ante un juez, “sensibilizado con la víctima mujer, capacitado para condenar y aplacar la presión social de feministas radicales”. Cuando es una mujer la supuesta infractora, es llevada ante la justicia ordinaria, ante un juez “no sensibilizado con la víctima hombre, y prejuiciado por capacitaciones de perspectiva de género, que justifica que si la mujer agrede al hombre es porque rompió por fin el ciclo de la violencia.
Definitivamente la Ley 779 debe ser derogada, por inconstitucional, para darle paso a la discusión amplia con todos los sectores involucrados y organismos pertinentes, de una ley que proteja integralmente a la víctima de violencia doméstica y familiar, cualquiera sea su sexo. Y que tanto la mujer como el hombre sean llevados ante el mismo juez, con el mismo procedimiento, a la hora que transgredan su convivencia sana y pacífica.
Los seres humanos somos iguales en dignidades y conciencias. Y la dignidad es un valor, un derecho constitucional que se encuentra en la cúspide de nuestro sistema constitucional, arto. 26 Cn, y representa un derecho fundamental, constitucionalizado. Una ley que te remite a un juez de excepción, creado con criterios de sexo, es inconstitucional.
El derecho penal del enemigo no reconoce los derechos de las personas, le suspende las garantías constitucionales, no lo reconoce como ser humano, deja al criterio de la autoridad judicial o administrativa el reconocimiento o no de sus derechos fundamentales. A este tipo de derecho responde la Ley 779, cuando discrimina al hombre sometiéndolo a un juez, que lo expulsa de su casa, lo encierra en prisión, le suspende las relaciones padre-hijos, le suspende el goce de su derecho de propiedad alejándolo de su propia casa, ordena que el hombre desde prisión continúe manteniendo económicamente a la mujer denunciante, y todo esto, mientras aún no ha sido declarado culpable.
El juez especializado en violencia es una de las figuras más inconstitucionales y significa un ataque a la dignidad y al derecho a ser juzgado por su juez natural, dos garantías constitucionales. El autor es abogado y Presidente de la Asociación de Abogados Democráticos de Nicaragua.
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