Violeta Granera Padilla
Me sumo a la condena social por la agresión de turbas oficialistas a los jóvenes y los ancianos, que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, asociación y movilización. Hecho absolutamente repudiable y deleznable. No estoy en Nicaragua, —lo lamento— pero la indignación por la violencia estatal no reconoce más fronteras que la propia conciencia. Y quiero compartir algunas opiniones con los que quieran leerme.
Primero, como seguro es una opinión generalizada, los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), ejerciendo valientemente su ciudadanía, reclaman un derecho legal y legítimo. ¿Quién puede negar la justeza de su reclamo? ¿Y la justeza mínima de ser escuchados y atendidos seriamente por el Estado? El Gobierno, empeñado en gobernar de manera ilegal y absoluta a través de fraudes electorales, tiene la obligación ahora de resolver este reclamo social. Como dicen los de la UNAM, ellos recibieron sus salarios mermados por años, pensando en su vejez. ¿Cuántos sacrificios hechos? ¡Cuántas necesidades insatisfechas, con salarios ya de por sí escuálidos! No tienen la culpa del histórico mal manejo del INSS, ni por qué sufrir las consecuencias.
También doy fe de que no están siendo manipulados por nadie. El Movimiento por Nicaragua, del que funjo como directora ejecutiva, ha sido muy respetuoso de la voluntad de la UNAM, evitando hacer algo que confundiera nuestra propia lucha por la democracia y los derechos humanos, con la lucha sectorial que ellos han dado por años. La UNAM ha confiado que por medio del diálogo y la protesta cívica podrían resolver su demanda. Su protesta actual frente al INSS es absolutamente legítima. Y su estrategia de lucha, sobre la cual no habíamos tenido muchas expectativas, por la manipulación y los engaños que han recibido, es, sin embargo, digna del mayor de los respetos.
Los jóvenes que decidieron llevarles comida y agua, lo hicieron de manera espontánea, valiente y responsable. Lo pude comprobar personalmente el día de la vigilia del miércoles, a la que fui preocupada y atendiendo su llamado. Algunos son miembros de organizaciones cívicas, la mayoría no está organizada. Pero en ningún caso fuimos estas quienes los convocamos. Fueron convocados por el sentimiento de solidaridad. El más sagrado de los sentimientos humanos. Que enaltece a los jóvenes y por el que debemos sentirnos orgullosos. Ese mismo sentimiento nos obliga a las organizaciones y a los mayores, a estar ahí con absoluto respeto a sus decisiones, pero también listos a protegerlos y apoyarlos, como lo hiciera también la jerarquía de la Iglesia católica.
Por último, tengo que compartir la frustración y la tristeza de ver cuán cerca estamos todavía de la violencia estatal. Solo hace falta disgustar el régimen para que salga a la calle su verdadera naturaleza. Es así: el poder absoluto, corrompe absolutamente. No hay forma de dirimir cívicamente los conflictos políticos y sociales, si no se respetan los derechos humanos todos: el derecho a incidir en las decisiones públicas, el derecho a defender nuestros propios derechos, a que se haga justicia, y a que sea el pueblo el que decida la calidad de sus gobernantes, en procesos electorales transparentes. Por eso el Movimiento Por Nicaragua (MpN) ha insistido tanto en que se respete la democracia y el Estado de Derecho. No es un asunto solamente ideológico. Cuando estos se rompen, las consecuencias son imprevisibles y siempre dolorosas. Para todos los sectores sociales, económicos y políticos. Para todo el país. La autora es Directora Ejecutiva del MPN
