Adolfo Acevedo Vogl
Economista
Al envejecer la población y aumentar rápidamente el número de adultos mayores en comparación al número de personas en edad productiva, se incrementará de manera considerable la presión sobre las finanzas públicas y sobre los hogares, debido a las crecientes demandas que representarán la necesidad de proveer atención en salud y sustento a esta cada vez más numerosa población de adultos mayores.
Para tener una idea de la magnitud de las presiones que representará el incremento en el número de adultos mayores, debe tenerse una idea de la magnitud de dicho incremento. Entre 2010 y 2070 la población total se incrementará en 38 por ciento, mientras que el número de personas en edades productivas aumentará en 36 por ciento y el número de adultos mayores se multiplicará 7.28 veces (es decir, crecerá en un 628 por ciento).
En realidad las presiones sobre las finanzas de los hogares y el Estado se han comenzado a manifestar, de manera aún incipiente, bajo la forma de presiones de los adultos mayores que no alcanzaron a completar el número de cotizaciones necesarias para jubilarse, por una pensión reducida.
Estas presiones se derivan del hecho de que debido a que los adultos mayores han cesado de trabajar, o lo siguen haciendo pero el ingreso laboral que obtienen es insuficiente para cubrir sus necesidades de consumo, se genera un déficit en este grupo poblacional.
Este déficit en las necesidades de consumo de los adultos mayores en relación con su ingreso laboral debe ser cubierto por las personas en edad productiva, ya sea directamente, a través de transferencias en el seno de las familias, o indirectamente, a través de los impuestos o de contribuciones que permitan financiar los programas que atienden las necesidades de atención en salud y sustento de los adultos mayores, entre ellos los programas públicos de pensiones.
En este último caso el fisco estará bajo la presión de una creciente factura demográfica, dado que el crecimiento de los demandantes de recursos (personas que recibirían transferencias del Estado, en particular los adultos mayores) es más rápido que el de los contribuyentes o aportantes (constituidos principalmente por los trabajadores que perciben ingresos laborales).
En las condiciones de nuestro país, ello se vería agravado porque el proceso de envejecimiento amenaza con encontrar sin protección a una gran parte de los adultos mayores.
Nuestro sistema público de pensiones —asumiendo que se asegura su viabilidad— genera beneficios inadecuados (o nulos) para los adultos mayores cuando a) la densidad de cotización de estos fue muy baja y no lograron cumplir con el número requerido de cotizaciones; b) los ingresos de las personas a lo largo de la vida laboral fueron muy bajos y por esta razón su pensión se coloca debajo de un mínimo; c) las personas quedaron fuera del sistema público de pensiones (como ocurre con la mayor parte de los trabajadores nicaragüenses y de la población económicamente no activa).
En estas condiciones el logro de una mayor equidad, en términos de la materialización del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a acceder al menos a un nivel básico de protección social, conlleva la exigencia de que exista un sistema de protección social para los adultos mayores basado en el principio del universalismo, que incluya, además del sistema de seguro basado en la cotización, una prestación financiada mediante impuestos generales.
Esto significa que los beneficios a recibir del sistema de pensiones del INSS por parte de los trabajadores con un récord limitado de contribuciones, o cuyas pensiones serían demasiado bajas, y los medios de vida de los adultos mayores de ambos sexos que nunca estuvieron afiliados al INSS, necesitarán complementarse con un esquema de pensión básica financiado a través del presupuesto (el que puede ser también administrado por el INSS), al cual podría optar cualquier adulto mayor que cumpla las características mencionadas.
Esquemas como este ya existen de alguna manera en más de ochenta países del mundo, que incluyen a la mayor parte de los de Centroamérica, y se corresponden con la Iniciativa Piso Básico de Protección Social.
Este esquema demandará una masa importante de recursos públicos, y ello requerirá una transformación a fondo del sistema tributario, a fin de que este sea capaz de generar los recursos indispensables para asegurar que ningún adulto mayor carezca al menos de una protección social básica.
Esto implicará lograr una estructura tributaria de bases amplias, con muy limitados privilegios fiscales, exenciones y tratamientos especiales, y cuya carga se distribuya conforme al principio de capacidad contributiva, de manera que quienes ganen más aporten proporcionalmente más.
Sin embargo, la sostenibilidad de ambas formas de financiamiento (cotizaciones basadas en la relación laboral o impuestos generales) estaría en entredicho al arribar a la fase de envejecimiento, si el decrecimiento de la razón población económicamente activa/población de adultos mayores que acompañará el proceso de envejecimiento, no es contrarrestada, a lo largo de las próximas décadas, por la mejoría significativa en la calidad de los empleos que se crean y por el incremento más que proporcional de la productividad promedio de la economía, y de los ingresos reales de los trabajadores.
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