José Adán Aguerri
En nuestro editorial de la semana pasada expresamos que un Canal en Nicaragua representa una oportunidad histórica para todos los nicaragüenses y de allí nuestro llamado a convertirlo en un proyecto de todos los nicaragüenses y no solo del Gobierno.
A finales de esa semana la Asamblea Nacional decidió con el voto únicamente de la bancada de Gobierno aprobar el dictamen que realizara la Comisión de Infraestructura sin tomar en cuenta ninguna posición de los otros sectores distintos al gobierno que fuimos consultados.
Esa ley y sus alcances como hemos expuesto podría tener un impacto positivo económico y social trascendente para el presente y futuro de los nicaragüenses, sin embargo, al ignorar las consideraciones de diferentes sectores y en particular todas las observaciones y consideraciones que oportunamente presentamos en nombre del Cosep, es nuestro criterio que se ha aprobado conteniendo “violaciones” de normas constitucionales, que desde la perspectiva del sector privado podrían afectar la institucionalidad y seguridad jurídica del país.
Con el propósito de que nuestros planteamientos puedan mejorar este proyecto, en Cosep hemos tomado la decisión de recurrir por inconstitucionalidad de forma parcial para proteger los derechos de propiedad de todos los nicaragüenses que pueden ser potencialmente expropiados para garantizarles una justa indemnización y asegurar que se mantenga la inmunidad soberana del Banco Central de Nicaragua para proteger los recursos de todos los depositantes así como la estabilidad de la política macroeconómica del país.
En relación al “Procedimiento de Expropiación” desarrollado en el Artículo 12 de la Ley es nuestra valoración que se han violado de forma expresa los Derechos Constitucionales desarrollados en los Artículos 4, 5 y 44 de la Constitución Política de la República.
Los artículos 4 y 5 promueven la protección de toda forma de explotación, discriminación y exclusión de todos los nicaragüenses y la obligación del Estado de garantizar las diferentes formas de propiedad incluyendo la propiedad privada respectivamente. El procedimiento aprobado discriminaría a los nicaragüenses que serían afectados por esta ley de los otros procesos de expropiación que existen bajo la ley de expropiación vigente afectando por lo tanto su derecho de propiedad.
El artículo 44 establece claramente que cuando un bien inmueble sea sujeto de expropiación de acuerdo a la ley se tiene que pagar una justa indemnización. El procedimiento propuesto no garantiza este derecho, sino todo lo contrario va en contra del propietario ya que la indemnización no contempla valores de mercado reales sino valores catastrales municipales o valores inferiores a estos.
Con relación a la renuncia de la inmunidad soberana del Banco Central es nuestro criterio que se violan los artículos constitucionales 10 y 99. En este sentido el Estado solo reconoce obligaciones internacionales que hayan sido libremente consentidas y de conformidad con la Constitución y es al Estado a quien le corresponde garantizar la existencia y funcionamiento del Banco Central de manera irrenunciable.
Al renunciar a esta inmunidad soberana estamos permitiendo que se puedan embargar los activos comerciales y no comerciales del Banco Central ante una demanda contra el Estado de Nicaragua. Esto permitiría que a partir de esta ley nuestras reservas, que son fundamentales en garantizar la estabilidad de nuestra política cambiaria y monetaria, puedan ser sujetas a embargo arriesgando así la estabilidad de nuestra macroeconomía y del propio proyecto del Canal.
Independientemente del proceso legal hacemos un nuevo llamado al Gobierno para que revise y analice nuestros planteamientos. En este sentido valoramos de manera positiva la invitación al sector privado efectuada por el señor Wang Jing al concluir la firma del convenio de concesión para que además de que el sector privado pueda conocer su empresa le podamos expresar nuestras “valiosas sugerencias” en relación a estos dos temas y otros temas expuestos por nuestro sector alrededor del proyecto. Al haberse firmado ya la concesión tanto el Gobierno como el concesionario deben apostar a un proyecto de nación que sea respaldado por todos los nicaragüenses. El autor es presidente del Cosep
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
