Todo pudo ser muy distinto. El comandante Ortega podría haber jugado con las cartas sobre la mesa y discutido abiertamente la posibilidad de contratar con alguna nación, consorcio o empresa, la construcción de un canal por Nicaragua. Tras el posible respaldo a la idea, pues un canal beneficiaría nuestra economía, el siguiente paso habría sido escoger cuidadosamente al agente más idóneo para ejecutar el proyecto.
Cuando el Estado quiere construir una carretera invita por ley a un proceso de licitación pública. Esta exige que los candidatos demuestren experiencia, solidez financiera, y rindan una fianza para casos de incumplimiento. Luego se escoge al mejor. Si esto rige en obras menores, cuánto más habría que exigir para un convenio multimillonario en el que el país concede al contratista derechos monumentales y aspectos de su soberanía, ¡por cien años!
Escogido el contratista se imponía negociar los derechos y obligaciones de cada cual. El presidente de la nación, rodeado de los mejores abogados, debió procurar, como es su deber, términos que ofrecieran a la contraparte incentivos suficientes para invertir, pero que aseguraran a su país las mayores ventajas y la defensa de su soberanía.
Nada de esto ocurrió. Sin mediar ninguna licitación o exigencia de acreditación, nos despertamos con la noticia que el proyecto de mayor envergadura de nuestra historia se le había otorgado al ciudadano chino Wang Jing, un señor que, además, ya había ganado un oscuro contrato de telefonía en Nicaragua, sin que hasta la fecha haya traído un celular.
Las consultas fueron simbólicas: cinco días tras los cuales la Asamblea, en una sola sesión, aprobó el proyecto de ley, en lo general y en lo particular, sin incorporar ni una coma de los cambios sugeridos por los consultados. En un trámite de urgencia, excepcionalmente rápido, se aprobó la ley más trascendental de las últimas décadas.
Lo peor es que el convenio pareciera redactado exclusivamente por los abogados del consorcio chino. En 1914 el tratado Chamorro-Bryan ofrecía a Estados Unidos el derecho exclusivo de construir un canal y el arriendo por cien años, las islas de Corn Island, más la opción a construir una base militar en el Golfo de Fonseca. Dichas concesiones les valieron a sus firmantes el apelativo de “vendepatria”.
El tratado Ortega-Jing, además de conceder al concesionario la exclusividad del canal por cien años, junto con el derecho a construir puertos, zonas francas, ferrocarriles, etc. (art.3) le otorga el derecho a vender o transar todos sus derechos o propiedades, el de expropiar las tierras que a su discreción considere necesarias, pagando el precio catastral por las privadas, y nada por las estatales (art.12), el de fijar a su discreción las tarifas, (art.11), el de recibir repuesta del estado a sus solicitudes en menos de 14 días, considerándose otorgadas si persiste el silencio después del plazo, (art.8), el de no poder ser demandado por incumplimiento por la vía civil, penal o administrativa (art.13). Nicaragua en cambio se compromete, entre otras cosas, a indemnizar al inversionista por declaratorias de inconstitucionalidad que le perjudiquen (art.18), y a renunciar a su inmunidad soberana en caso que el inversionista quiera embargarle sus bienes o reservas.
¿Qué recibe Nicaragua? En el tratado Chamorro Bryan recibió tres millones de dólares de 1914 que, de acuerdo con economistas, equivaldrían a 66 millones de 2010. Pero dado que su economía era entonces al menos diez veces menor, el impacto real de dicha suma equivaldría hoy a más de 500. En el tratado Ortega-Jing se habla de que el concesionario “estará obligado a procurar” el pago hasta por diez millones de dólares anuales por diez años” ¿Se imagina usted un contrato que diga que su empleador “procurará” pagarle 10,000 córdobas mensuales?
Irrisorio y sospechoso. El señor Jing podría expropiar millones de hectáreas a bajo precio y luego revenderlas. Lo mismo podría vender o arrendar sus concesiones de puertos, zonas francas etc., sin haber construido un metro del Canal. ¿Qué negocios turbios se estarán cocinando? No lo sabemos. Lo cierto es que el tratado abre las puertas a la corrupción y que algo huele a podrido.
El autor es sociólogo, fue ministro de Educación.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
