TEGUCIGALPA/AFP
El congreso hondureño amplió este jueves por 45 días la intervención estatal del Ministerio Público y la suspensión del fiscal general, Luis Rubí, en un intento porque la institución combata en mejores condiciones el crimen organizado y el narcotráfico.
«Hemos decidido prorrogar el periodo de la intervención de la fiscalía», dijo en rueda de prensa el presidente de la Comisión de Seguridad de la legislatura, Rodolfo Zelaya.
El 17 de abril, el legislativo designó a tres profesionales en la comisión para que inicialmente ejercieran su labor por 60 días, que concluyen el domingo próximo.
La medida se adoptó luego que Rubí dijo en una comparecencia ante los 128 congresistas de cinco partidos políticos que no podía frenar la creciente violencia que agobia a los 8.3 millones de hondureños.
Ante esa situación, los legisladores suspendieron temporalmente a Rubí y al fiscal general adjunto, Roy Urtecho.
El grupo investigador lo integran la directora regional de la Universidad Nacional Autónoma, María Navarro; el dirigente del opositor Partido Liberal, Tomás Mendoza, y la jefe del Instituto de Acceso a la Información Pública, Miriam Guzmán.
Los diputados han instado públicamente a Rubí y Urtecho a presentar su dimisión de manera voluntaria, pero ellos han alegado que sus funciones de seis años concluyen en abril de 2014.
El Ministerio Público investiga apenas el 5 % de los más de 50,000 casos que recibe cada año.
Honduras, según las naciones Unidas, es el país más peligrosos del mundo con una tasa de 85.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
